CARACAS, 31 de enero.— La autodenominada presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes el impulso de un proyecto de ley de amnistía general que apunta a la liberación masiva de presos políticos, entre ellos dirigentes opositores, sindicalistas, periodistas, estudiantes y activistas de derechos humanos detenidos durante más de dos décadas de régimen chavista.
El anuncio llega en un contexto político inédito: la captura y destitución de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación estadounidense ejecutada el pasado 3 de enero en Caracas, un golpe sin precedentes al núcleo del poder bolivariano y una señal clara del agotamiento del modelo autoritario venezolano.
No es reconciliación: es presión y colapso
La ley de amnistía —una de las principales exigencias históricas de la oposición democrática y de Estados Unidos— fue anunciada durante la apertura del año judicial 2026, ante magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, altos funcionarios del Ejecutivo y líderes de los poderes públicos, todos ellos estructuras heredadas del chavismo.
Rodríguez afirmó que se trata de una ley que cubrirá “todo el periodo de violencia política de 1999 al presente”, es decir, los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-2026), responsables de la mayor ola de represión política, persecución ideológica y encarcelamientos arbitrarios en la historia contemporánea de Venezuela.
Aunque el discurso oficial habla de “reparar heridas” y “reencauzar la convivencia”, el trasfondo es evidente: el aparato represivo comenzó a ceder por presión externa, no por voluntad política.
La propia líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue tajante: las medidas “no fueron voluntarias, sino una respuesta directa a la presión real de Estados Unidos”, subrayando que en Venezuela hay personas presas por motivos políticos desde hace semanas… y otras desde hace más de 20 años.
Amnistía selectiva y desconfianza social
Rodríguez aclaró que la amnistía excluirá delitos como homicidio, narcotráfico y violaciones graves a los derechos humanos, un punto clave que abre interrogantes sobre quién define los criterios, bajo qué instancias judiciales y con qué garantías reales para las víctimas.
Hasta ahora, el proceso de liberaciones ha sido opaco y lento. Mientras el gobierno asegura haber excarcelado a más de 600 detenidos, organizaciones independientes como Foro Penal contabilizan apenas 302 liberaciones y confirman que 711 personas siguen encarceladas por razones políticas.
La diferencia no es menor: revela la falta de transparencia, la manipulación de cifras y la persistencia de un Estado policial que, incluso tras la caída de Maduro, continúa operando bajo lógicas de control y miedo.
El propio gobierno sigue negando la existencia de “presos políticos”, acusando a los detenidos de conspiración y desestabilización, una narrativa utilizada durante años para justificar torturas, detenciones arbitrarias y juicios sin debido proceso.
El Helicoide: símbolo del terror chavista
En un anuncio sorpresivo, Rodríguez también informó el cierre del Helicoide, una de las sedes más emblemáticas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y símbolo internacional de la represión chavista.
Según el anuncio oficial, el edificio será reconvertido en un “centro social, deportivo y cultural”, una declaración que contrasta brutalmente con las denuncias documentadas de torturas, tratos crueles y violaciones sistemáticas de derechos humanos ocurridas en ese lugar durante años.
Para familiares de presos políticos congregados frente al recinto, el anuncio fue recibido entre lágrimas, esperanza contenida y desconfianza. El grito de “¡Libertad! ¡Libertad!” volvió a escucharse frente a un edificio que durante décadas representó el rostro más oscuro del socialismo autoritario venezolano.
El dato clave: la represión no cayó sola
Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, advirtió que una amnistía solo será legítima si incluye a toda la sociedad civil sin discriminación, si no se convierte en un mecanismo de impunidad y, sobre todo, si contribuye al desmantelamiento real del aparato represivo que sostuvo al chavismo en el poder.
Ese es el punto central: la crisis venezolana no es un accidente, ni una “confrontación política”. Es el resultado directo de un modelo ideológico que criminalizó la disidencia, destruyó la institucionalidad y convirtió al Estado en una maquinaria de persecución.
La amnistía anunciada marca un quiebre, sí, pero también deja una pregunta abierta:
¿es el inicio de una transición democrática real o apenas un gesto táctico de un régimen acorralado?
Para millones de venezolanos dentro y fuera del país, la respuesta no estará en los discursos, sino en las cárceles que se vacíen, en los nombres que salgan a la luz y en si, por primera vez en 25 años, la represión deja de ser política de Estado.