San Salvador, 23 enero.- Una corte de El Salvador instaló este jueves una audiencia única abierta que permitirá juzgar de forma masiva a 58 presuntos integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), así como mantener activo el proceso para incorporar nuevos acusados en el futuro, según informó la Fiscalía General de la República (FGR). Los imputados enfrentan cargos por organizaciones terroristas y otros delitos relacionados con la actividad pandilleril.
De acuerdo con la FGR, los detenidos pertenecen a la clica Hollywood de la MS13 y fueron capturados en el departamento de Chalatenango, en el norte del país, en el marco del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa. Entre los acusados se identifican rangos de homeboys (líderes), paros y colaboradores dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía detalló que a los imputados se les procesa por los delitos de organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de drogas y conducción ilegal de arma de fuego. Este tipo de audiencias, implementadas desde diciembre pasado tras una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado, permite procesar a toda una estructura criminal dentro de un solo expediente judicial.
Según explicó la entidad investigadora, la audiencia única abierta agiliza las condenas al juzgar a los acusados por su pertenencia a la organización criminal y mantiene el proceso judicial disponible para sumar a otros miembros de la misma clica conforme avancen las investigaciones. El juicio se desarrolla ante el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador y se prevé que concluya en el transcurso de una semana.
Esta modalidad establece que el fiscal del caso propondrá al juez qué imputados serán sometidos a la audiencia según su jerarquía y grado de participación dentro de la pandilla, por lo que no todos los miembros comparecen simultáneamente, aunque formen parte de un mismo proceso penal colectivo. Una reforma penal aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, habilitó formalmente este tipo de juicios masivos contra pandillas.
El juicio se enmarca en la ofensiva del Gobierno del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, sustentada principalmente en el régimen de excepción, una medida ampliamente cuestionada por organismos de derechos humanos pero que ha mantenido altos niveles de respaldo popular. En este contexto, las autoridades aseguran haber capturado a más de 90.000 supuestos pandilleros, pese a que el régimen ha sido prorrogado 46 veces, aun cuando el Ejecutivo sostiene que las pandillas han sido desarticuladas operativamente.