Quito, 16 ene.- En medio de un repunte de la violencia criminal que azota a Ecuador, el gobierno desplegó este viernes a 10.000 militares en las provincias costeras de Guayas, Manabí y Los Ríos, en una ofensiva total contra las organizaciones criminales, anunció el presidente Daniel Noboa tras regresar de sus vacaciones.
El mandatario encabezó un gabinete de seguridad en el que se informó que estas provincias, fuertemente golpeadas por homicidios y actividades del crimen organizado, serán el foco de un despliegue militar sin precedentes, con el objetivo de reforzar el control territorial y combatir de manera frontal a las bandas criminales.
Aunque el gobierno no detalló las acciones específicas de la estrategia, el comandante de operaciones de la Fuerza Aérea, Mauro Bedoya, indicó que se realizarán controles de armas, municiones y explosivos, así como vigilancia y reconocimiento en puntos estratégicos de la zona. El alto mando militar se trasladó de manera indefinida a Guayaquil para coordinar la ofensiva desde esa ciudad portuaria.
Analistas en seguridad, como Diego Pérez, advierten que estas acciones, aunque visibles y contundentes, podrían no resolver el problema estructural de la violencia que afecta al país.
Desde enero de 2024, Ecuador enfrenta un conflicto armado interno declarado por Noboa, con 22 organizaciones criminales enlistadas como “terroristas”. En 2025, el país registró el mayor número de muertes violentas de su historia, con más de 9.000 homicidios, superando las 7.063 de 2024, y los primeros días de 2026 ya han sido marcados por hechos sangrientos: cinco cabezas halladas en Puerto López, asesinatos en zonas residenciales de Guayaquil, y restos calcinados de jóvenes en Santa Elena.
Estas medidas se enmarcan en un estado de excepción vigente desde diciembre de 2025 en nueve de las 24 provincias, incluyendo las tres costeras, que restringe ciertos derechos ciudadanos para permitir la intervención militar y policial. Las autoridades atribuyen los crímenes a la disputa entre bandas del crimen organizado por el control de territorios para el tráfico de drogas y delitos conexos, mientras buscan recuperar la seguridad ciudadana en la región.
