Bogotá, 31 de diciembre de 2025 — El presidente Gustavo Petro continuó defendiendo este martes la decisión de su Gobierno de incrementar el salario mínimo de 2026 en un 23%, fijándolo en $1.746.882 pesos, cifra que asciende a $2.000.000 con el auxilio de transporte, en medio de una creciente controversia política, económica y electoral en Colombia. Mientras sectores empresariales y de la oposición advierten sobre riesgos fiscales, inflación y pérdida de empleo formal, el Ejecutivo sostiene que la medida fortalecerá el poder adquisitivo de los trabajadores y dinamizará la economía.
Desde la Casa de Nariño, Petro ha insistido en que el aumento busca corregir desigualdades históricas y estimular el consumo interno. “Un salario digno mueve la economía”, ha reiterado el mandatario, al tiempo que minimiza las advertencias de gremios empresariales sobre un posible impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas.
La decisión generó una reacción inmediata en el sector privado. El empresario Mario Hernández calificó el anuncio como un “regalo de Navidad” con consecuencias económicas inciertas, mientras que distintas asociaciones empresariales alertaron que un incremento de esta magnitud podría elevar los costos laborales, presionar la inflación y forzar a muchas compañías a reducir personal o informalizar empleos.
El debate político se intensificó con la intervención de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, quien acusó a Petro de copiar modelos extranjeros sin replicar las reformas estructurales que los hicieron viables. En particular, citó el caso de México durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), cuando se aplicaron fuertes aumentos al salario mínimo.
“Petro copia, pero copia mal. López Obrador cambió primero la indexación de los salarios públicos, pasándola del salario mínimo al IPC, para evitar un impacto desproporcionado en las finanzas públicas. Petro no lo hizo y pone en riesgo adicional el presupuesto del Estado”, escribió Valencia en su cuenta de X.
La senadora también insinuó que el aumento responde a intereses electorales, teniendo en cuenta que en marzo y mayo de 2026 se celebrarán las elecciones legislativas y presidenciales. “¿Tal vez porque sus intereses son electorales y no sociales?”, cuestionó.
Petro respondió directamente a los señalamientos, asegurando que sí contempla modificar la indexación, tal como ocurrió en México, y que lo hará mediante decreto, aprovechando la emergencia económica declarada por su Gobierno, una medida que también ha sido duramente criticada por la oposición.
“¿Y quién te dice que no lo vamos a hacer? La indexación de precios por salario mínimo vital se hará por decreto ley, en la emergencia que desataron ustedes en el Congreso”, escribió el presidente en redes sociales, responsabilizando al Legislativo de parte de la crisis fiscal.
Desde el Ejecutivo se insiste en que el Congreso contribuyó a la actual situación económica al hundir dos reformas tributarias, con las que el Gobierno pretendía cubrir los faltantes presupuestales de 2025 y 2026, argumento que ha sido rechazado por sectores opositores.
Las críticas también llegaron desde figuras de peso en materia de seguridad y política exterior. El exembajador en Washington y exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón advirtió que el aumento, aunque atractivo en el corto plazo, podría resultar perjudicial para el empleo formal. “El aumento del salario mínimo en 23% suena bien, pero en la realidad pone en riesgo millones de empleos formales, especialmente en un país donde la informalidad supera el 55%”, señaló.
Pinzón alertó que muchas pequeñas y medianas empresas no podrán absorber el incremento de los costos laborales y se verán obligadas a recortar personal, profundizando la precarización del trabajo.
En la misma línea, el expresidente Álvaro Uribe Vélez acusó a Petro de engañar a los trabajadores, afirmando que el aumento terminará afectándolos. “Petro endulza el oído de los trabajadores y les amarga la vida”, sentenció el exmandatario.
Con posiciones cada vez más polarizadas, el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 se perfila como uno de los ejes centrales del debate político y económico del próximo año, en un contexto marcado por la incertidumbre fiscal, la campaña electoral y las tensiones entre el Gobierno, el empresariado y la oposición.
