La Paz, Bolivia, 26 dic.- Un encuentro nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) determinó este miércoles la realización de un paro general indefinido en rechazo al Decreto Supremo 5503, que dispuso, entre otras medidas, la eliminación de la subvención a los combustibles y el consecuente incremento de sus precios en el mercado interno.
Los dirigentes sindicales anunciaron la llegada de afiliados a la sede de Gobierno, donde se concentrarán las protestas. “Se ha determinado seguir con la movilización y con el paro general indefinido y escalonado. Ha sido la posición firme de las bases”, afirmó el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, al finalizar la reunión.
El dirigente advirtió que el decreto no solo afecta el bolsillo de los trabajadores, sino que también incluye mecanismos que, a su juicio, facilitan la aprobación acelerada de contratos sobre recursos naturales. “El decreto es altamente perjudicial para los trabajadores, la economía nacional y la Madre Tierra, ya que implica la enajenación de nuestros recursos naturales”, sostuvo Argollo, citado por el portal Visión 360.
Mineros y sectores sociales se suman a las protestas
En paralelo al encuentro de la COB, una reunión de trabajadores mineros acordó continuar con las protestas en La Paz e iniciar movilizaciones en otras regiones del país en rechazo al decreto. Los mineros ya habían protagonizado tres días consecutivos de protestas por la eliminación del subsidio al combustible.
Mientras tanto, el Gobierno minimizó el alcance de las movilizaciones y aseguró que no se trata de un “conflicto nacional”. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, afirmó que las protestas son aisladas y que otros sectores han optado por el diálogo.
“Esto ya no es un conflicto nacional, son algunos conflictos reducidos, aislados, que todavía persisten en el país. Hemos intentado acercamientos con la COB y ni siquiera están queriendo conversar”, declaró Justiniano en entrevista con el canal Unitel.
El viceministro destacó que el decreto también contempla medidas como un incremento del 20 % del salario mínimo nacional, la condonación de impuestos hasta 2025, el diferimiento de créditos y otros alivios económicos. “El decreto llegó para quedarse”, aseguró, descartando su anulación.
El fin de un subsidio histórico
La tensión social se desató tras la eliminación de la subvención a los carburantes, una política vigente por más de 20 años, que mantenía los precios del combustible en Bolivia muy por debajo de los valores internacionales.
Según datos oficiales, este subsidio representaba uno de los mayores gastos públicos del país: cada semana se destinaban cerca de 60 millones de dólares a la importación de diésel y gasolina, debido a la baja producción local. A ello se sumaban redes de contrabando fronterizo, que generaban pérdidas anuales estimadas en 600 millones de dólares.
En medio de la crisis económica y la caída de la renta petrolera, el Gobierno consideró insostenible mantener la subvención. El pasado 17 de diciembre, el presidente Rodrigo Paz anunció el Decreto Supremo 5503, que levanta el subsidio a los carburantes, lo que se traduce para los consumidores en la duplicación del precio de la gasolina y la triplicación del diésel.
Aunque el Ejecutivo ha logrado, por ahora, el respaldo de algunos sectores y contener parcialmente las protestas —favorecido por dos días feriados consecutivos—, el desafío sigue siendo alcanzar consensos más amplios con las organizaciones sociales que exigen ajustes al decreto o su abrogación total.
