BOGOTÁ, 8 de septiembre.– El presidente Gustavo Petro y el Ejército colombiano ofrecieron este lunes versiones opuestas sobre la situación de 45 militares que estuvieron retenidos casi 24 horas por una comunidad rural en el Cañón del Micay, departamento del Cauca, presuntamente presionada por disidencias de las FARC.
El Ejército informó en X que los uniformados habían sido liberados y trasladados en helicóptero a Popayán, difundiendo un video de su arribo. Sin embargo, Petro aseguró en la misma red social que siete de los soldados continúan “secuestrados por civiles”, contradiciendo la versión castrense.
La víspera, el Ejército había denunciado que unas 600 personas bloquearon el despliegue militar en el Cañón del Micay, zona estratégica para el narcotráfico y la minería ilegal. Según el reporte, la población habría sido utilizada por las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Iván Mordisco, para frenar las operaciones militares.
La respuesta del Gobierno
Petro advirtió que en aquellas áreas donde militares sean retenidos por civiles se aplicará fumigación aérea de cultivos ilícitos con glifosato, pese a que su uso fue suspendido en 2015 por la Corte Constitucional debido a riesgos de salud y medioambiente.
“Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”, declaró el mandatario.
Una práctica recurrente
En lo que va de 2025 se han registrado al menos cinco retenciones de militares en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Guaviare. Expertos consultados por la prensa señalan que estas asonadas son parte de un repertorio heredado de la guerra de guerrillas en los años 90, ahora reutilizado por las disidencias que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.
Para Andrés Preciado, de la Fundación Ideas para la Paz, la presión sobre comunidades rurales refleja una estrategia para mantener control territorial:
“Sí hay inconformidad social, pero los grupos armados ejercen una presión directa o indirecta muy significativa sobre la población”.
En tanto, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, considera que las retenciones son una consecuencia del vacío dejado tras la desmovilización de las FARC:
“El Estado no llenó el espacio ni en lo militar ni en lo social. Estas son las consecuencias”.
El caso reaviva críticas a la política de “paz total” de Petro, que busca dialogar con diversos grupos armados, pero que sectores opositores ven como una estrategia que otorga poder a las disidencias sin conseguir su desarme.
