WASHINGTON, 27 agosto.- El salvadoreño Kilmar Ábrego García, señalado por la administración de Donald Trump como presunto miembro de la pandilla MS-13, enfrenta un nuevo pulso legal para evitar su deportación y obtener asilo en Estados Unidos. Sus abogados confirmaron ante un juez federal que Ábrego, de 30 años, pedirá formalmente reabrir su caso migratorio en Maryland, alegando riesgo de persecución y tortura si es enviado fuera del país.
Ábrego fue arrestado el lunes en Baltimore por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), apenas días después de salir de prisión en Tennessee. El gobierno de Trump busca deportarlo a Uganda, un destino que sus abogados denuncian como “castigo político” por haber bloqueado su expulsión a El Salvador en 2019. En aquel entonces, un juez de inmigración le negó el asilo por haberlo solicitado fuera de plazo, pero le concedió la figura de “retención de remoción”, lo que impedía su deportación a El Salvador debido a amenazas creíbles de pandillas locales.
A pesar de esta protección judicial, en marzo de este año la administración lo deportó a una prisión salvadoreña, en violación de la orden de 2019. Tras una demanda presentada por su esposa y la intervención de la Corte Suprema, el gobierno estadounidense se vio obligado a traerlo de regreso en junio. Sin embargo, Ábrego fue imputado por tráfico de personas, cargo que sigue en disputa.
Los abogados del salvadoreño sostienen que deportarlo a Uganda carece de fundamento legal y lo expone a graves riesgos. Según denuncian, el acuerdo con ese país africano respondería a un pacto secreto entre Washington y Kampala, destinado a aliviar presiones políticas al presidente ugandés a cambio de aceptar deportados.
La jueza federal Paula Xinis bloqueó temporalmente su deportación y fijó una audiencia para el 6 de octubre en Maryland. Además, ordenó que Ábrego permanezca bajo custodia dentro de un radio de 320 kilómetros del tribunal hasta que se resuelva el caso. “No se trata solo de deportación, sino de garantizar que ejerza sus derechos constitucionales”, argumentaron sus defensores.
El caso Ábrego se ha convertido en un símbolo del endurecimiento migratorio bajo Donald Trump, que utiliza las acusaciones de pandillerismo contra migrantes centroamericanos como justificación para acelerar deportaciones. Mientras tanto, la defensa insiste en que el salvadoreño no tiene vínculos con la MS-13 y que su única alternativa segura sería Costa Rica, donde ha solicitado ser enviado si finalmente se dicta su expulsión.
La decisión de octubre marcará un precedente clave: si Ábrego podrá reanudar su petición de asilo con un camino a la residencia permanente, o si la administración logrará finalmente deportarlo fuera de Centroamérica.
