LIMA, 22 agosto.- El expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) dejará el penal de Barbadillo, conocido por albergar a exmandatarios peruanos procesados o condenados, para ser recluido en la cárcel común de Ancón II, ubicada al norte de Lima. La decisión fue tomada por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), que reconsideró la resolución inicial que lo destinaba al penal exclusivo para expresidentes.
El traslado marca un hecho sin precedentes, ya que desde su creación en 2007 para Alberto Fujimori, Barbadillo se convirtió en el destino habitual de mandatarios peruanos con procesos judiciales. Actualmente cumplen prisión allí Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2023). Vizcarra será el primero en ser enviado a un penal común, lo que ha desatado fuertes críticas y acusaciones de persecución política.
El Inpe informó que, tras una nueva evaluación, Vizcarra fue inicialmente reclasificado a la cárcel de Lurigancho, una de las más sobrepobladas de Latinoamérica, pero finalmente se decidió enviarlo a Ancón II (Piedras Gordas II), un penal más moderno y con mejores condiciones de seguridad. “El ambiente destinado cuenta con las condiciones adecuadas para su permanencia, además de brindarle la seguridad necesaria con el fin de salvaguardar su integridad física y psicológica”, señaló la institución en un comunicado.
Acusaciones y contexto judicial
Vizcarra cumple cinco meses de prisión preventiva mientras se desarrolla el juicio en el que está acusado de haber recibido sobornos durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014). Pese a haber asistido a todas las citaciones judiciales, la Fiscalía solicitó su reclusión preventiva, lo que la defensa considera arbitrario.
El exmandatario conserva un alto nivel de popularidad gracias a su enfrentamiento con un Congreso de mayoría conservadora durante su presidencia, donde promovió reformas políticas y judiciales. Incluso, hasta antes de su detención, Vizcarra mantenía actividad política con miras a las elecciones de 2026, en las que figura entre los primeros en intención de voto, pese a tener tres inhabilitaciones emitidas por el Congreso.
Reacciones y denuncias de persecución política
El traslado de Vizcarra ha sido duramente cuestionado por aliados políticos y familiares. Su hermano, Mario Vizcarra, denunció que la medida constituye un “atentado canallesco” destinado a “humillar” al exgobernante, adelantando que recurrirán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En tanto, el exministro del Interior y exdirector del Inpe, Wilfredo Pedraza, calificó la decisión de “arbitrariedad y despropósito”, señalando que carece de sustento técnico y que responde a motivaciones políticas.
Por su parte, Alejandro Salas, exministro y portavoz de Vizcarra, acusó al Inpe de cometer “tortura psicológica y persecución política”, anticipando denuncias contra los responsables de la resolución.
El caso ahora pasará a revisión del Tribunal de Apelaciones, luego de que la defensa presentara un recurso contra la prisión preventiva, alegando errores de forma y fondo, entre ellos la afirmación de que Vizcarra carece de arraigo familiar, pese a que tiene esposa e hijo menor en Lima.
