LIMA, 19 agosto.- El Tribunal Constitucional de Perú ordenó este martes la suspensión inmediata de todas las investigaciones abiertas contra la presidenta Dina Boluarte, argumentando que la jefa de Estado solo puede ser procesada durante su mandato por los delitos contemplados en el artículo 117 de la Constitución: traición a la patria, disolución inconstitucional del Congreso o impedir elecciones.
La decisión, adoptada por cinco de los siete magistrados del máximo tribunal, da un giro drástico a la situación judicial de la mandataria, quien enfrentaba múltiples indagaciones de la Fiscalía por hechos de gran repercusión política y social. Entre ellos, la muerte de al menos 59 manifestantes durante las protestas posteriores a la caída de Pedro Castillo en diciembre de 2022, acusaciones de enriquecimiento ilícito, el caso denominado ‘Rolexgate’ y presuntos vínculos con la fuga del líder de izquierda Vladimir Cerrón.
Según la sentencia, «se protege la institución presidencial de toda intromisión o perturbación que incida sobre el desempeño regular del cargo». El fallo recalca que no se busca blindar a la persona de Dina Boluarte, sino resguardar la autoridad de la Presidencia de la República como institución. De esta manera, todos los expedientes fiscales quedarán congelados hasta el 28 de julio de 2026, cuando Boluarte concluya su mandato y se produzca la transmisión de mando al próximo presidente.
Una presidenta acorralada por los escándalos
Boluarte atraviesa una grave crisis de legitimidad. Con apenas 3 % de aprobación, es considerada la presidenta más impopular de América Latina. Su gestión se ha visto marcada por acusaciones de corrupción y episodios polémicos, como el uso de relojes de lujo presuntamente recibidos como sobornos, cirugías estéticas ocultadas al país y la supuesta falsificación de su firma en documentos oficiales mientras se encontraba en una clínica.
A ello se suma la investigación por encubrimiento en la fuga de Cerrón, líder de Perú Libre —partido que llevó a Pedro Castillo al poder y con el cual Boluarte fue electa como vicepresidenta—. Cámaras de seguridad registraron vehículos oficiales cerca de una vivienda donde se sospecha que el dirigente marxista habría estado oculto antes de fugarse.
En el caso del ‘Rolexgate’, tanto el Palacio de Gobierno como la residencia personal de la mandataria fueron allanados en busca de pruebas de sobornos, mientras que el Congreso, dominado por sectores conservadores, ha blindado sistemáticamente a Boluarte al archivar las denuncias en su contra.
Un precedente polémico
La decisión del Tribunal Constitucional no solo blinda a Boluarte, sino que marca un precedente histórico. De haberse aplicado en el pasado, el expresidente Pedro Castillo —destituido en 2022 tras intentar un golpe de Estado— tampoco habría podido ser investigado durante su gestión pese a las múltiples evidencias de corrupción que lo vinculaban.
La presidenta del Tribunal, Luz Pacheco, defendió el fallo asegurando que la medida no responde a un interés personal en proteger a Boluarte, sino que está diseñada para salvaguardar a cualquier jefe de Estado durante su mandato.
Con esta resolución, la presidenta gana un respiro judicial hasta 2026, pero su futuro político sigue marcado por una profunda crisis de legitimidad, el creciente rechazo ciudadano y la sombra de los procesos congelados que volverán a activarse una vez deje el poder.
