Bogotá, 24 jul.- El acuerdo entre Colombia y Venezuela para crear una zona económica binacional en la frontera generó este jueves fuertes críticas de la oposición colombiana, que lo considera una cesión de soberanía al chavismo, mientras que el Gobierno de Gustavo Petro defiende la iniciativa como una apuesta para recuperar el control estatal en regiones históricamente abandonadas.
El memorando de entendimiento, firmado el 17 de julio en Caracas por la ministra colombiana de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, establece un marco de cooperación para la implementación de la primera zona económica compartida entre ambos países, con vigencia de cinco años.
La iniciativa contempla la integración productiva, el fortalecimiento del comercio bilateral y el impulso conjunto de proyectos sociales e infraestructura en sectores clave como salud, educación, cultura, turismo, transporte, gas, petróleo y electricidad.
Aunque el acuerdo aclara que la creación de esta zona binacional no limita la soberanía de ninguna de las partes ni compromete presupuestos, la medida generó alarma en sectores opositores colombianos. Incluso, el precandidato presidencial derechista Abelardo de la Espriella presentó una demanda ante el Consejo de Estado.
Espriella solicitó al tribunal supremo de la jurisdicción contencioso administrativa anular el acuerdo, argumentando que la ministra de Comercio no tenía autoridad para firmarlo, ya que, a su juicio, «exige la firma de un tratado internacional».
Críticas de la oposición colombiana
El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) calificó el acuerdo como «inaceptable», acusando en un video publicado en X que representa «un paso adelante en la entrega del país a la criminalidad internacional».
La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático y una de las figuras más críticas de Petro, advirtió que si su partido gana las elecciones presidenciales de 2026 revertirán «las decisiones de Petro que le entregan la soberanía de Colombia al narcodictador Nicolás Maduro».
En respuesta, el presidente Petro afirmó que «una zona binacional no es entregar la soberanía de la patria, es crear las condiciones sociales y económicas que permitan que dos pueblos, de sangre e historia común, prosperen».
Para el mandatario, la verdadera pérdida de soberanía ocurre cuando mafias extranjeras y nacionales dominan la población fronteriza «con armas y terror».
La cuestión de la soberanía
La ministra Diana Morales calificó el acuerdo como «un paso firme para recuperar la soberanía», y destacó que permitirá al Estado intervenir en territorios históricamente excluidos y promover dinámicas de integración productiva.
No obstante, la politóloga Sandra Borda, profesora de la Universidad de los Andes, advirtió en X que el mayor riesgo del acuerdo es la falta de garantías democráticas en Venezuela.
«Las autocracias no son socios confiables (…) Cualquier acuerdo internacional implica una cesión parcial de soberanía, y esas cesiones solo se hacen cuando la contraparte es confiable», señaló.
De acuerdo con Borda, «ninguna de esas condiciones se cumple en el caso del acuerdo que regirá esta zona binacional».
Aspiraciones para ampliar la zona
El memorando apunta a «armonizar marcos normativos, facilitar inversiones públicas y privadas, mejorar la conectividad y crear condiciones para la industrialización y el desarrollo regional».
Actualmente, la propuesta abarca los estados venezolanos de Táchira y Zulia, y el departamento colombiano de Norte de Santander, pero prevé la creación de otras zonas económicas a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera común.
En este sentido, Nicolás Maduro manifestó su intención de ampliar la zona a toda la frontera, incluyendo los departamentos colombianos de Cesar, La Guajira, Amazonas, Vichada y Guainía.
Cabe destacar que Norte de Santander comprende la región del Catatumbo, donde se concentra la segunda mayor producción de cultivos de hoja de coca en Colombia y donde el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene presencia.
