NASHVILLE, Tennessee, 16 julio. El futuro de Kilmar Ábrego García, un trabajador salvadoreño que ya fue deportado erróneamente este año y repatriado por orden judicial, se definirá este miércoles en una audiencia clave ante un juez federal en Tennessee. El caso ha escalado como símbolo del endurecimiento migratorio bajo la administración del presidente Donald Trump.
Ábrego, de 42 años, fue devuelto a Estados Unidos tras una deportación ilegal ocurrida en marzo, que violó una orden judicial de 2019 que prohibía específicamente su expulsión a El Salvador debido al riesgo creíble de persecución por parte de pandillas. Sin embargo, el gobierno de Trump insiste en que debe ser deportado nuevamente, incluso antes de enfrentar un juicio por presunto tráfico de personas, acusación que sus abogados califican como “infundada y con motivaciones políticas”.
El juez decidirá si lo libera o si queda a disposición de ICE
El juez de distrito Waverly D. Crenshaw Jr. revisará el miércoles la decisión de la jueza federal Barbara Holmes, quien había ordenado su liberación condicional con monitor electrónico y supervisión en Maryland. La fiscalía federal presentó una moción para revocar esa orden, argumentando que Ábrego representa un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad, aunque no tiene antecedentes criminales.
Paradójicamente, son los propios abogados del salvadoreño quienes han pedido que permanezca en la cárcel temporalmente, por temor a que agentes de ICE lo capturen al momento de su liberación y ejecuten una nueva expulsión exprés a un tercer país como México o Sudán del Sur, sin respetar el debido proceso.
Deportado, devuelto y ahora nuevamente amenazado
Ábrego García fue detenido por exceso de velocidad en Tennessee en 2022 mientras conducía un vehículo con nueve pasajeros. Aunque no se presentaron cargos en ese momento, las autoridades lo relacionaron con una supuesta red de tráfico de personas. El caso quedó inactivo hasta este año, cuando fue detenido, deportado a El Salvador y luego repatriado por orden de la Corte Suprema tras una demanda interpuesta por su esposa, Jennifer Vasquez Sura, ciudadana estadounidense.
Trump y funcionarios del ICE lo vinculan a la MS-13, sin presentar pruebas ni cargos formales. Ábrego ha negado rotundamente cualquier conexión con pandillas y ha vivido más de una década en Maryland, donde formó una familia y trabajaba en la construcción.
Riesgo de expulsión exprés
Sus abogados solicitan a la jueza Paula Xinis, en Maryland, que ordene su traslado inmediato a ese estado si es liberado, para evitar una deportación fulminante desde Tennessee. También pidieron una retención mínima de 72 horas tras la posible liberación como salvaguarda legal. La jueza aún no ha emitido una resolución.
“Es una protección crítica, fundamental para garantizar el debido proceso”, afirmó su abogado Andrew Rossman. De ser liberado bajo custodia de ICE, los abogados anticipan una batalla legal dentro del sistema de tribunales de inmigración, en un contexto donde Trump ha intensificado la presión sobre migrantes centroamericanos, incluso a través de acuerdos con terceros países para ejecutar deportaciones indirectas.
El caso Ábrego García pone a prueba los límites judiciales frente al aparato migratorio estadounidense y podría sentar un precedente para decenas de casos similares que están siendo impulsados bajo el argumento de seguridad nacional sin que existan condenas ni procesos penales en firme.
