Nueva York, 11 de julio – Un juez federal de New Hampshire bloqueó este jueves con carácter nacional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos. La decisión supone un duro revés para una de las medidas más polémicas del segundo mandato del mandatario republicano.
El juez Joseph Laplante, nombrado por George W. Bush, calificó la orden de Trump como un “cambio abrupto de una política de larga data” y advirtió que “provoca daños irreparables”. Aunque emitió el bloqueo de la medida, otorgó una pausa de siete días para que el Gobierno pueda apelar el fallo, según consta en la demanda colectiva presentada por la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
“La ciudadanía estadounidense es el mayor privilegio que existe en el mundo”, enfatizó el magistrado en su dictamen, que protege tanto a niños nacidos actualmente como a futuros nacimientos en territorio estadounidense.
La respuesta del Gobierno: desafiante
El asesor migratorio de Trump, Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”, criticó duramente la decisión y acusó al juez de actuar como un “radical que ignora al Tribunal Supremo”.
“Quieren detener la agenda de Trump. Lo que necesitan entender es que el pueblo estadounidense apoya esta agenda (…) No vamos a parar”, afirmó Homan desde la Casa Blanca.
La orden ejecutiva iba a entrar en vigor el 27 de julio, tras superar previamente bloqueos en tribunales estatales gracias a un dictamen del Tribunal Supremo que invalidó la competencia de tribunales locales para frenar políticas con alcance federal. Esta nueva suspensión, sin embargo, proviene de una corte federal, lo que complica el avance de la iniciativa presidencial.
Enmienda 14: el núcleo del debate
La medida impulsada por Trump violaría, según el juez, la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU., que garantiza la ciudadanía automática a todas las personas nacidas en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. La jurisprudencia desde 1898 ha respaldado consistentemente esta interpretación.
La demanda principal fue presentada por una mujer hondureña identificada como Barbara, solicitante de asilo en EE.UU., cuyo primer hijo nacería en el país en octubre. El fallo, aunque no se pronuncia sobre los derechos de los padres, reconoce que “la nacionalidad por nacimiento es un tesoro” y que su eliminación requiere un proceso legislativo, no una orden ejecutiva.
Restricciones educativas para inmigrantes indocumentados
En paralelo al fallo judicial, el Departamento de Educación de EE.UU. anunció el fin de una normativa de 1997 —vigente desde la presidencia de Bill Clinton— que permitía a inmigrantes indocumentados acceder a fondos públicos para programas de educación técnica, profesional y para adultos.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, argumentó que el uso de fondos federales para personas en situación irregular viola la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades de Trabajo (PRWORA), vigente desde 1996.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, los trabajadores que pagan impuestos ya no financiarán la educación de inmigrantes ilegales”, aseguró McMahon.
La nueva interpretación comenzará a aplicarse a partir de agosto, restringiendo el acceso a fondos federales educativos exclusivamente a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.
Claves del conflicto migratorio:
| Medida | Estado actual |
|---|---|
| Eliminación de ciudadanía por nacimiento | Bloqueada por un juez federal |
| Acceso de indocumentados a fondos educativos | Cancelado, entra en vigor en agosto |
| Justificación legal del Gobierno | Basada en la PRWORA |
| Argumento de la oposición (ACLU) | Viola la Enmienda 14 |
Esta ofensiva migratoria forma parte de la estrategia de Trump para fortalecer su base electoral de cara a las elecciones de noviembre, con un discurso centrado en la seguridad fronteriza y la identidad nacional, pero que ya ha desencadenado nuevas batallas legales y divisiones políticas en todo el país.
