Bogotá, 8 julio.- El histórico juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez concluyó este martes y ahora queda en manos de la jueza decidir si lo absuelve o lo declara culpable de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, en un proceso sin precedentes en el país, al tratarse del primer expresidente en ser juzgado formalmente.
Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010 y es fundador del partido Centro Democrático, fue acusado por la fiscalía de haber orquestado una estrategia para manipular testigos con el objetivo de desvirtuar acusaciones que lo vinculan con grupos paramilitares. La jueza fijó el próximo 28 de julio como fecha para dictar sentencia, y en caso de ser hallado culpable, Uribe podría enfrentar hasta 12 años de prisión.
Durante su intervención final, el exmandatario solicitó ser absuelto y negó haber manipulado testigos: “Señora juez, he procurado decirle lo que dicta mi corazón, yo le pido a usted que me absuelva”. Añadió que su intención siempre fue verificar información que llegaba a sus manos sobre supuestas maniobras políticas para dañar su reputación. “Le he dado la cara a la justicia colombiana”, subrayó, descartando cualquier intención de salir del país o solicitar asilo político.
Un proceso judicial sin precedentes
El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al entonces senador de izquierda Iván Cepeda por, presuntamente, buscar testimonios en cárceles de paramilitares que lo vincularan con estos grupos armados ilegales. Sin embargo, en 2018 la Corte Suprema de Justicia archivó la causa contra Cepeda y, en cambio, abrió una investigación contra Uribe, al considerar que podría haber sido él quien intentó manipular testigos.
En 2020, Uribe fue detenido por orden de la Corte mientras se desempeñaba como senador, aunque recuperó su libertad tras renunciar a su escaño, lo que hizo que el caso pasara a la Fiscalía General. No fue sino hasta 2024 cuando se formalizó la acusación en su contra y se llevó a juicio.
Los elementos clave del juicio
La fiscalía sostiene que Uribe, a través del abogado Diego Cadena, intentó influir en el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, un preso por secuestro que había señalado que en una hacienda de propiedad de la familia Uribe se conformó un grupo paramilitar en los años noventa. Según la acusación, Cadena ofreció beneficios a cambio de una retractación.
También se acusa a Cadena de haber contactado al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, para que declarara a favor de Uribe a cambio de dinero. La defensa sostiene que Uribe nunca autorizó ni tuvo conocimiento de esos pagos y que, al enterarse, los desaprobó de inmediato.
Otro episodio relevante del juicio fue la presunta búsqueda del testimonio de Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso”, preso en Estados Unidos, quien envió cartas a la Corte Suprema asegurando que Cepeda le ofreció beneficios a cambio de testificar contra Uribe. La jueza deberá evaluar si hubo intervención directa del expresidente en este caso.
Como prueba clave, la fiscalía presentó interceptaciones telefónicas entre Uribe y el abogado Cadena, en las que supuestamente se evidencia que Uribe daba instrucciones para contactar y convencer a los testigos. La defensa alega que dichas grabaciones fueron obtenidas de forma irregular al ser parte de una investigación dirigida inicialmente contra otro congresista.
Decisión judicial el 28 de julio
El juicio contra Álvaro Uribe no solo representa un momento clave en su carrera política, sino también un punto de inflexión en la justicia colombiana, que por primera vez pone en el banquillo a un expresidente por supuesta manipulación del sistema judicial. Con una sentencia pendiente en apenas tres semanas, el país aguarda expectante la resolución del caso que podría marcar un antes y un después en la rendición de cuentas de figuras de alto poder en Colombia.
