São Paulo, 27 junio.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, formalizó este jueves el subsidio habitacional para las familias de la Favela do Moinho, considerada la última barriada informal del centro de São Paulo, sellando así el principio del fin de este histórico asentamiento precario tras meses de tensiones entre los vecinos y el Gobierno regional.
Ubicada entre dos líneas de ferrocarril, la Favela do Moinho alberga a unas 880 familias, de las cuales 791 ya han aceptado reubicarse. El plan contempla un subsidio de 250.000 reales (alrededor de 45.000 dólares) por familia para acceder a una vivienda fuera del asentamiento, financiado conjuntamente por los gobiernos federal y estatal. Para quienes opten por proyectos habitacionales aún en construcción, se ofreció una ayuda mensual de 1.200 reales (unos 220 dólares) para el alquiler temporal.
“Por más bonito que sea, un parque no puede ser construido a costa del sufrimiento de un ser humano”, afirmó Lula en su visita al lugar, criticando así la iniciativa del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quien planea edificar un parque en los terrenos actualmente ocupados por la favela. Freitas es considerado uno de los posibles sucesores del expresidente Jair Bolsonaro, rival político del mandatario brasileño.
Resistencia y dolor entre los vecinos
A pesar del subsidio, muchas familias expresaron sentimientos encontrados. Aline Santos, de 22 años y madre de dos niñas, reconoció la importancia de tener una vivienda formal, pero lamentó dejar atrás el lugar donde creció: “Nuestra familia, nuestros amigos, la casa que construimos ladrillo por ladrillo… duele irse”.
Además de la pérdida de hogares, los residentes alertaron sobre el impacto económico del desalojo. Casi 40 pequeños comercios del barrio quedarán demolidos, y muchos de sus dueños, sin ingresos. Jorge de Santana, de 59 años, quien tenía un comercio en su casa, teme no poder reinsertarse laboralmente: “Por la edad que tengo, nadie me va a dar trabajo. Hambre no voy a pasar, tampoco voy a robar. Quiero trabajar y dar trabajo también”.
Tensión y represión antes del acuerdo
En abril, el Gobierno regional ordenó el desalojo forzoso con el argumento de combatir el narcotráfico y mejorar la seguridad en el centro de São Paulo. Un mes después, la policía demolió varias casas, lo que provocó protestas, enfrentamientos y denuncias de represión con gases lacrimógenos, según relataron los propios vecinos.
Ante la violencia, el Gobierno federal —propietario legal del terreno— intervino y frenó el desalojo, abriendo una mesa de diálogo con la administración regional que culminó en el acuerdo anunciado por Lula.
El proceso de reubicación, que ahora cuenta con respaldo financiero del Estado, busca cerrar un capítulo de precariedad urbana en el corazón de la mayor ciudad brasileña, aunque deja abiertas heridas sociales y económicas entre quienes vivieron durante años en una comunidad construida con esfuerzo propio y resistencia frente al abandono institucional.
