Madrid, 25 junio.- La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha confirmado este martes su negativa a aplicar la Ley de Amnistía al delito de malversación que se imputa al expresidente catalán Carles Puigdemont y al exconseller Antoni Comín, lo que allana el camino para que ambos lleven el caso ante el Tribunal Constitucional.
El alto tribunal ha desestimado los incidentes de nulidad presentados por ambos dirigentes independentistas contra el auto del 9 de abril, que ya había confirmado la exclusión del delito de malversación de los beneficios de la amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados. Con esta decisión, se agotan las vías ordinarias y se habilita formalmente el recurso de amparo ante el Constitucional.
Puigdemont, actualmente eurodiputado y aún prófugo de la justicia española, había acusado al Supremo de mostrar una “resistencia virulenta” a aplicar la ley de amnistía y pidió que el caso se trasladara al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Su abogado, Gonzalo Boye, reconoció en su recurso que este trámite de nulidad era “vacuo” pero necesario para continuar con el proceso constitucional.
En su resolución, el Supremo acusa a la defensa de Puigdemont de intentar forzar una inhibición del tribunal “sin aportar justificación alguna” y sin dar opción a las demás partes a pronunciarse previamente. Asimismo, subraya que ya se ha resuelto en repetidas ocasiones la cuestión competencial, rechazando los argumentos esgrimidos ahora por la defensa.
Con este auto, Puigdemont sigue el mismo camino que otros líderes del ‘procés’ como Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, quienes ya han acudido al Tribunal Constitucional para que revise la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a sus delitos de malversación. Sin embargo, se espera que estos recursos no empiecen a resolverse hasta el próximo otoño.
El presidente de Junts per Catalunya, pieza clave en la estabilidad parlamentaria del gobierno de Pedro Sánchez, ve así cómo se cierra otra puerta judicial mientras persiste el debate político y constitucional en torno al alcance real de la Ley de Amnistía.
