San Isidro, 24 junio.- La jueza Julieta Makintach presentó este lunes su renuncia al cargo en el Tribunal en lo Criminal N°2 de San Isidro, en el marco del escándalo desatado por su participación en un documental mientras presidía un juicio oral de alto perfil, relacionado con la muerte de Diego Maradona.
La decisión fue confirmada por su abogado, Darío Saldaño, ante el Jurado de Enjuiciamiento, que había iniciado formalmente el proceso para analizar su desempeño y ya había aceptado ocho denuncias en su contra, entre ellas una del procurador bonaerense Julio Conte Grand.
Un juicio que derivó en documental
Makintach fue la figura central del juicio oral documentado en “Justicia Divina”, un proyecto audiovisual que generó fuertes cuestionamientos éticos y legales por la incompatibilidad entre la función jurisdiccional y la participación en contenidos mediáticos. Durante el proceso, la magistrada admitió ante cámaras que el juicio estaba siendo grabado como parte del documental, lo que detonó una avalancha de críticas desde el ámbito judicial y político.
La renuncia dirigida a Kicillof
La carta de renuncia fue dirigida al gobernador Axel Kicillof y contiene un extenso alegato en el que Makintach admite el “impacto institucional y social” de sus acciones, aunque defiende su carrera como “extensa e intachable”. En el texto, la magistrada reconoce que el ejercicio de la función judicial debe estar acompañado de “responsabilidad ética, política e institucional”, y afirma que su renuncia busca contribuir a restaurar la confianza pública en el Poder Judicial.
“La credibilidad del sistema de justicia exige gestos firmes y decisiones ejemplares”, sostiene Makintach en su carta, aunque también aclara que no renuncia a su derecho a la defensa.
Consecuencias del escándalo
La presentación del documental generó un fuerte reproche institucional, por considerar que el juicio fue instrumentalizado con fines ajenos a la búsqueda de justicia. El hecho de que se tratara de un caso vinculado con la muerte de Maradona, una figura de enorme trascendencia pública, exacerbó la controversia.
El Jurado de Enjuiciamiento deberá ahora analizar si el proceso disciplinario continúa pese a la renuncia, ya que el objetivo del procedimiento también puede ser inhabilitar a la jueza para futuros cargos públicos.
Esta dimisión marca un nuevo episodio en la crisis de credibilidad que atraviesa parte del sistema judicial argentino, particularmente en casos de alta exposición mediática.
