Madrid, 19 jun.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha expresado de manera contundente su rechazo a la propuesta de elevar el gasto en Defensa al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), una petición que la OTAN ha intensificado en los últimos meses. En una carta oficial enviada al secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, Sánchez ha calificado esta exigencia como “irrazonable y contraproducente”, y ha dejado claro que España no asumirá ese compromiso, defendiendo su derecho soberano a decidir las prioridades presupuestarias nacionales.
La petición de la OTAN, impulsada con especial énfasis por Estados Unidos, busca que todos los países miembros incrementen sustancialmente sus inversiones militares para fortalecer la defensa colectiva frente a retos geopolíticos crecientes, como la tensión con Rusia y la inestabilidad en otras regiones. En este contexto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reafirmó este jueves en Washington que “todos los aliados deben pagar su parte justa” y alcanzar ese umbral del 5% del PIB, lo que ha generado una clara discrepancia con la postura española.
Sánchez ha planteado en su misiva que, aunque España mantiene un compromiso firme con la seguridad europea y la OTAN, el aumento al 5% del PIB supondría un esfuerzo económico insostenible que podría poner en riesgo otras áreas prioritarias del país. Para ello, propone que la cumbre de la OTAN en La Haya considere una fórmula más flexible, donde este objetivo de gasto pueda ser opcional o bien que España quede expresamente excluida de esta meta, salvaguardando así la autonomía presupuestaria del Estado.
La negativa española se basa en tres argumentos fundamentales. Primero, que no todos los países miembros tienen las mismas circunstancias económicas ni las mismas necesidades de defensa, por lo que un objetivo uniforme del 5% no resulta adecuado ni necesario para todos. En segundo lugar, Sánchez advierte del impacto económico negativo que esta subida supondría, alertando que un gasto militar de esta magnitud ralentizaría el crecimiento económico, elevaría la deuda pública, presionaría sobre la inflación y desviaría recursos de inversiones productivas vitales para la competitividad del país. Y tercero, que un incremento tan significativo chocaría frontalmente con el modelo social español, ya que implicaría aumentar impuestos a la clase media, recortar servicios públicos y prestaciones sociales, y reducir esfuerzos en la transición ecológica y la cooperación internacional.
El Gobierno ha cuantificado el impacto económico de elevar el gasto militar al 5% del PIB en 80.000 millones de euros adicionales anuales, una suma que califican de “inasumible” sin comprometer de forma grave otras prioridades nacionales. En contraste, España ha logrado cumplir hasta ahora con el objetivo del 2% del PIB destinado a Defensa, realizando un esfuerzo considerable que se ha traducido en un desembolso adicional cercano a los 10.500 millones de euros solo en este ejercicio, sin reducir partidas sociales.
Esta postura refleja las tensiones que existen dentro de la OTAN entre la necesidad de fortalecer la defensa común y las realidades internas de los países miembros, que deben equilibrar la seguridad con sus propias agendas sociales, económicas y políticas. España, pese a su negativa a aceptar la meta del 5%, reafirma su compromiso con la Alianza Atlántica y su voluntad de contribuir activamente a la seguridad europea, priorizando una estrategia que armonice los objetivos militares con la sostenibilidad económica y social del país.
En definitiva, el Gobierno español apuesta por un modelo de defensa responsable y equilibrado que respete la soberanía nacional y preserve el bienestar de la población, buscando una solución dialogada en el seno de la OTAN que contemple las diferentes realidades y capacidades de cada Estado miembro.
