Bogotá, 14 junio.- El Gobierno de Colombia anunció este viernes que presentará una nueva reforma tributaria ante el Congreso a finales de julio, en un intento por cubrir un hueco fiscal estimado en 19 billones de pesos (unos 4.500 millones de dólares), originado en gran parte —según el Ejecutivo— por deudas heredadas del gobierno anterior y una caída inesperada en los ingresos de la nación.

El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante una presentación pública sobre el estado de las finanzas del país. El funcionario explicó que durante 2024 se evidenció una reducción de 2,2 puntos porcentuales del PIB en los ingresos totales de la nación, lo que obligó al gobierno a considerar medidas fiscales urgentes para evitar comprometer el crecimiento económico y la estabilidad.

“La situación fiscal del país requiere decisiones valientes. Activaremos la cláusula de escape de la regla fiscal, lo cual nos permitirá suspender su cumplimiento por hasta tres años y reencauzar las finanzas públicas de forma gradual y responsable”, señaló Ávila. La regla fiscal es un instrumento legal que limita el nivel de gasto público para garantizar la sostenibilidad financiera del Estado.

Reformas sin mayorías garantizadas

La nueva iniciativa tributaria llega en un contexto político complicado. El gobierno de Gustavo Petro no cuenta con mayorías aseguradas en el Congreso, que en diciembre pasado ya le negó una reforma fiscal que buscaba financiar parte del presupuesto de 2025. Además, las relaciones con los legisladores han sido tensas por otros proyectos, como la reforma laboral.

A pesar de las críticas de la oposición y sectores empresariales sobre un presunto gasto descontrolado del Ejecutivo, Ávila defendió la gestión fiscal: “No hay despilfarro. Colombia mantiene una economía estable y hemos logrado reducir el desempleo al 8,8% en abril, frente al 10% del año anterior”, afirmó.

Origen del déficit

El titular de Hacienda responsabilizó al anterior gobierno por gran parte del déficit, argumentando que no se incrementó el precio de la gasolina cuando era necesario, lo que debilitó el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC). Esa política, según explicó, obligó al actual gobierno a aumentar el precio del combustible para estabilizar el fondo y reducir su dependencia del precio internacional del petróleo.

Asimismo, el ministro mencionó que el gobierno actual tuvo que asumir los costos derivados de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) utilizada para enfrentar la pandemia del COVID-19, lo que incrementó significativamente la deuda pública.

Panorama económico y proyecciones

Aunque aún no se conocen los detalles de la nueva reforma tributaria, esta será clave para restaurar la confianza de los mercados, mantener el acceso al financiamiento internacional y asegurar recursos para el gasto social. Ávila adelantó que el diseño de la propuesta buscará equilibrar justicia fiscal con sostenibilidad económica, aunque anticipó una ardua discusión en el Congreso.

Se espera que el gobierno detalle en las próximas semanas los pilares de la reforma, que podría incluir ajustes en el impuesto a la renta, nuevas medidas contra la evasión y posiblemente una ampliación de la base tributaria. Todo ello en medio de un débil panorama de crecimiento, presiones inflacionarias moderadas y una creciente desconfianza de los sectores empresariales.

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