Bogotá, 7 jun.- Los 16 exjefes paramilitares designados como gestores de paz por el presidente colombiano Gustavo Petro presentaron este jueves su renuncia colectiva, alegando supuestos incumplimientos y falta de compromiso por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OCCP). Los firmantes, entre ellos reconocidos excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), denunciaron que su papel se convirtió en un “gesto meramente simbólico”.
“Esta decisión obedece al reiterado incumplimiento de los compromisos por parte de la OCCP. La realidad demostró que estas designaciones, en la práctica, se convirtieron en un gesto meramente simbólico”, declaró el exlíder paramilitar Salvatore Mancuso al leer la carta de renuncia en nombre de los 16 firmantes.
Entre los exjefes que abandonan el rol se encuentran figuras altamente controvertidas como Rodrigo Tovar, Diego Fernando Murillo, Carlos Mario Jiménez y Hernán Giraldo Serna, este último señalado como el mayor violador de mujeres y niñas durante el conflicto armado en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Los exjefes aseguraron que nunca existió una verdadera intención institucional para llevar adelante su participación como gestores. “La OCCP jamás tuvo la intención ni el compromiso para materializarlas”, afirmaron, denunciando además “dilaciones sistemáticas”, “falta de transparencia” y una “abierta insubordinación” por parte de la entidad dirigida por Otty Patiño.
A pesar de su renuncia, los exparamilitares reafirmaron su apoyo a la agenda de “paz total” impulsada por el Gobierno de Petro y destacaron su voluntad de seguir contribuyendo a los procesos de reconciliación. “Reconocemos el liderazgo del presidente Gustavo Petro”, indicaron en el documento, aunque advirtieron que el diálogo con la actual administración es “infructuoso y carente de buena fe”.
La designación de estos exjefes como gestores de paz había generado fuertes críticas en Colombia debido a sus antecedentes por crímenes de lesa humanidad. Las AUC, responsables del mayor número de homicidios durante el conflicto armado, se desmovilizaron oficialmente en 2006 tras un proceso de negociación con el entonces presidente Álvaro Uribe.
Muchos de sus comandantes se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que ofrecía penas reducidas a cambio de verdad y reparación a las víctimas. No obstante, varios perdieron esos beneficios y fueron extraditados a Estados Unidos, como el propio Mancuso, por delitos asociados al narcotráfico.
La decisión de los exparamilitares representa un nuevo revés para la política de “paz total” del gobierno de Petro, que ya ha enfrentado dificultades para consolidar acuerdos con grupos armados ilegales en distintas regiones del país.
