Washington, 7 junio.- Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño deportado en marzo “por error administrativo” por el Gobierno de Estados Unidos, regresó este viernes al país, no para ser restituido, sino para enfrentar graves cargos por tráfico de personas, incluyendo el traslado de miembros de pandillas como la MS-13. Posteriormente, será devuelto a El Salvador tras el proceso judicial.

La fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, confirmó su llegada y explicó que enfrenta acusaciones formales de un gran jurado en Tennessee por conspiración y transporte ilegal de migrantes. “Ábrego García ha aterrizado en Estados Unidos, pero lo hizo para afrontar la justicia”, aseguró Bondi, quien agradeció al presidente salvadoreño Nayib Bukele por facilitar su retorno bajo una orden de arresto solicitada por la Administración de Donald Trump.

El expediente judicial lo vincula con una extensa red de trata de personas activa durante al menos nueve años, en la que habría organizado más de 100 viajes, transportando “miles de migrantes, incluidos niños, mujeres y miembros de organizaciones criminales violentas”. Entre sus presuntas conexiones, se lo relaciona con el trágico accidente del tráiler en San Antonio (Texas), en el que murieron más de 50 migrantes.

Según la acusación, Ábrego y otros cinco cómplices trasladaban migrantes provenientes de Centroamérica y Ecuador desde Texas hasta estados como Maryland, cruzando ilegalmente la frontera. Los dos cargos que enfrenta —conspiración y transporte ilegal de personas— podrían costarle hasta 20 años de prisión.

Cargos contra Kilmar Ábrego García
Conspiración para transportar migrantes indocumentados (máx. 10 años)
Transporte ilegal de personas sin estatus legal (máx. 10 años)

Bukele respalda la cooperación judicial

En su cuenta de X, el presidente Nayib Bukele justificó su decisión: “Si la Administración Trump solicita el regreso de un pandillero para enfrentar cargos, por supuesto que no nos negaríamos”. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, añadió que Ábrego “responderá por sus crímenes y enfrentará todo el peso de la justicia estadounidense”.

Stephen Miller, asesor de Donald Trump, también respaldó el proceso y aseguró que “Ábrego fue deportado correctamente y acusado tras nuevas pruebas de crímenes especialmente atroces”.

Defensa denuncia “abuso de poder”

El abogado de Ábrego, Simón Sandoval-Moshenberg, calificó el operativo como “un abuso de poder” y denunció que ni él ni la familia fueron notificados de la repatriación. “El debido proceso implica tener la oportunidad de defenderse antes de ser castigado, no después”, señaló, advirtiendo además que el migrante testificará sobre las condiciones del CECOT, la cárcel de máxima seguridad salvadoreña en la que estuvo detenido semanas.

Ábrego contaba con estatus legal en EE.UU. cuando fue deportado por autoridades migratorias, un hecho que desató una ola de críticas y órdenes judiciales que exigían su retorno. La Casa Blanca había declarado no tener la autoridad para revertir la deportación, pese a los fallos judiciales que lo exigían.

El caso pone en el centro del debate el uso político de la migración, el respeto al debido proceso y la cooperación internacional en materia de justicia penal.

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