MADRID, 2 JUNIO – El Partido Popular (PP) ha solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso para que aclare las acusaciones sobre una supuesta «guerra sucia» orquestada por la militante socialista Leire Díez. Según los populares, esta campaña habría buscado desacreditar a jueces, fiscales y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan casos de corrupción vinculados al PSOE, al Ejecutivo y a su entorno familiar.
Comparecencias demandadas
El PP también ha registrado solicitudes de comparecencia para Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ante la Comisión de Justicia, así como para Francisco Pardo, director general de la Policía, ante la Comisión de Interior. Ambas comparecencias buscan esclarecer denuncias relacionadas con el uso indebido de recursos públicos y posibles interferencias políticas en actuaciones judiciales y policiales.
En el caso de Félix Bolaños, el PP solicita que explique las «graves denuncias de corrupción y uso partidista de recursos públicos», además de detallar las medidas previstas para depurar responsabilidades y proteger el Estado de derecho. Los populares cuestionan específicamente por qué Leire Díez ofrecía beneficios judiciales y pactos con la Abogacía del Estado y la Fiscalía a cambio de información comprometedora contra la UCO.
Por su parte, Francisco Pardo deberá responder sobre cómo se garantizará la independencia de la Policía Nacional frente a cualquier tipo de presión o injerencia política. Esta solicitud surge tras acusaciones de que se habría utilizado a la Policía Nacional como herramienta contra la Guardia Civil, particularmente en el marco de investigaciones sobre supuestos casos de corrupción que afectan al gobierno y al PSOE.
Preguntas dirigidas a Mercedes González
El foco del PP también recae sobre Mercedes González, directora general de la Guardia Civil. Aunque no se contempla su comparecencia en este momento, el partido ha presentado una serie de preguntas escritas para exigir explicaciones sobre su posible implicación en las acciones de Leire Díez. Entre ellas, destacan:
- Si conocía las reuniones entre Leire Díez y Rubén Villalba, un comandante de la Guardia Civil actualmente investigado por la Audiencia Nacional.
- Si autorizó o permitió que Villalba fuera ofrecido un puesto cercano a su dirección a cambio de cooperación.
- Si consintió el uso de la Policía Nacional para actuar contra la Guardia Civil en el contexto de estas investigaciones.
Exigencias al Gobierno
Además de las comparecencias, el PP ha pedido al Ejecutivo que responda por escrito a varias cuestiones clave:
- Si intentó interferir en actuaciones judiciales o policiales relacionadas con casos de corrupción que involucran a miembros del gobierno y del PSOE.
- Cómo justifica la existencia de las denominadas «cloacas del PSOE», referida al trabajo realizado por Leire Díez.
- Qué medidas políticas adoptará para restaurar la confianza pública y el prestigio de instituciones como la Guardia Civil, afectadas por estas acusaciones.
La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, calificó la situación como un ataque frontal al Estado de derecho: «No podemos permitir que se utilicen mecanismos institucionales para deslegitimar a quienes investigan hechos relevantes de corrupción que afectan al corazón del poder político».
Contexto político
Esta crisis surge en un momento delicado para el gobierno de coalición liderado por Sánchez, marcado por múltiples escándalos de corrupción y tensiones internas. Las acusaciones contra Leire Díez han generado preocupación sobre la posible instrumentalización de organismos estatales para fines políticos, algo que podría erosionar aún más la ya dañada imagen de las instituciones españolas.
El PP argumenta que estas prácticas recuerdan a métodos antidemocráticos empleados en gobiernos autoritarios y subraya la necesidad de transparencia absoluta. Según Gamarra, «el pueblo español merece saber si sus líderes están utilizando recursos públicos para protegerse a sí mismos y desprestigiar a quienes cumplen con su deber de investigar la verdad».
Impacto institucional
Las acusaciones plantean serias dudas sobre la imparcialidad de las fuerzas de seguridad y la integridad del sistema judicial español. Si se confirma que funcionarios o cargos públicos participaron en actividades destinadas a desacreditar a investigadores, esto podría tener consecuencias graves tanto para la credibilidad del gobierno como para la confianza ciudadana en las instituciones.
Este episodio refuerza la polarización política en España, donde el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición se centra cada vez más en cuestiones relacionadas con la ética y la transparencia. Mientras el PP insiste en que se trata de una estrategia deliberada para ocultar casos de corrupción, el PSOE defiende su inocencia y atribuye estas acusaciones a una campaña de desprestigio política.
Perspectivas futuras
Las comparecencias solicitadas por el PP podrían desencadenar nuevas revelaciones sobre la supuesta «guerra sucia» dentro del ámbito judicial y policial. Si bien el gobierno tiene la oportunidad de despejar estas acusaciones mediante explicaciones claras y acciones contundentes, cualquier falta de respuesta satisfactoria podría aumentar la presión sobre Sánchez y su equipo ministerial.
Este caso ilustra una vez más cómo la lucha contra la corrupción y la protección de la independencia judicial siguen siendo temas centrales en la agenda política española. La manera en que el gobierno aborde estas acusaciones será crucial para definir su capacidad de gobernar con legitimidad y cohesión en un contexto de creciente escrutinio público y mediático.
Con todas estas piezas en juego, queda pendiente una respuesta oficial del Ejecutivo que pueda disipar las sombras que planean sobre su gestión y devolver la confianza a las instituciones clave del país.
