Washington, 29 mayo.— Un tribunal federal de comercio prohibió este miércoles al presidente Donald Trump imponer amplios aranceles generalizados amparándose en una ley de poderes de emergencia. Este fallo judicial pone en duda el conjunto de políticas económicas que han sido la insignia del segundo mandato de Trump, sacudiendo los mercados financieros globales y generando frustración entre socios comerciales internacionales.
El panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional con sede en Nueva York declaró que los llamados “aranceles del Día de la Liberación” impuestos por Trump exceden la autoridad presidencial otorgada por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEPPA) de 1977. Según el tribunal, esta ley no permite al presidente utilizar aranceles como herramienta para abordar déficits comerciales, incluso si estos son considerados un problema nacional.
Un Fallo Contundente
En su decisión, los jueces destacaron que “las órdenes de aranceles mundiales y de represalia exceden cualquier autoridad otorgada al presidente por la IEPPA para regular la importación mediante aranceles”. El tribunal también subrayó que el déficit comercial, aunque persistente durante décadas, no constituye una “amenaza inusual y extraordinaria” según lo establecido en la ley.
Los tres jueces que formaron parte del caso son Timothy Reif (nombrado por Trump), Jane Restani (nombrada por Ronald Reagan) y Gary Katzman (designado por Barack Obama). Esta combinación bipartidista refuerza la legitimidad del fallo, mostrando consenso sobre la interpretación legal de las facultades presidenciales.
Impacto en la Economía Global
Desde su implementación, los aranceles de Trump han tenido efectos reverberantes en la economía mundial. Aunque el objetivo era revertir los prolongados déficits comerciales de Estados Unidos —un fenómeno que ha durado 49 años consecutivos—, hasta ahora parecen haber tenido poco impacto positivo en la mayor economía del mundo. Por el contrario, han aumentado los precios de bienes esenciales como alimentos y automóviles, amenazado con escasez de productos y dañado cadenas de suministro críticas para empresas estadounidenses.
El senador demócrata Ron Wyden, líder en la Comisión de Finanzas del Senado, criticó los efectos negativos de estas medidas: “Los aranceles han aumentado los precios de los comestibles y los automóviles, amenazado con escasez de bienes esenciales y arruinado las cadenas de suministro para las empresas estadounidenses grandes y pequeñas”.
Una decena de estados, liderados por Oregon, presentaron demandas contra estas políticas. El fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, celebró el fallo señalando que “reafirma que nuestras leyes importan y que las decisiones comerciales no pueden tomarse a capricho del presidente”.
Reacción de la Casa Blanca
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, reiteró la postura oficial del gobierno afirmando que los déficits comerciales representan una emergencia nacional que ha debilitado comunidades estadounidenses, dejado atrás a trabajadores locales y comprometido la base industrial de defensa del país. Sin embargo, el tribunal no compartió esta visión y desestimó los argumentos gubernamentales.
La administración Trump respondió rápidamente con un aviso de apelación, anticipándose a llevar el caso ante la Corte Suprema para obtener una resolución definitiva. Mientras tanto, permanece incierto si el gobierno pausará sus aranceles de emergencia vigentes durante el proceso legal.
Facultades Limitadas
Aunque el fallo prohíbe los aranceles globales basados en la IEPPA, Trump aún tiene cierta flexibilidad bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Esta disposición le permite imponer gravámenes del 15% durante 150 días a naciones con las que EE.UU. tiene un déficit comercial sustancial. No obstante, estos aranceles requieren una investigación previa del Departamento de Comercio que evalúe riesgos específicos para la seguridad nacional.
Históricamente, los aranceles necesitan la aprobación del Congreso para ser aplicados de manera sostenida. Trump ha defendido su uso unilateral citando precedentes legales como los aranceles de Richard Nixon en 1971, pero el tribunal rechazó esta analogía, argumentando que únicamente el Congreso puede determinar si una situación económica cumple con los criterios de emergencia nacional.
Empresas y Estadistas Demandan Justicia
Entre los demandantes más notables figuran pequeñas empresas afectadas por estas políticas, como V.O.S. Selections, un importador de vinos cuyo propietario advirtió que su empresa podría no sobrevivir debido al aumento de costos causado por los aranceles. Además, una coalición de estados liderada por Oregon presentó una demanda conjunta, destacando cómo estas medidas perjudican a consumidores y negocios locales.
Este fallo marca un hito importante en la lucha contra las tácticas proteccionistas de Trump, enviando un mensaje claro de que las acciones comerciales deben ajustarse estrictamente a marcos legales establecidos. Si bien el gobierno planea apelar, el resultado final dependerá de la interpretación de la Corte Suprema, donde nuevamente se enfrentarán argumentos legales y políticos clave.
Consecuencias Económicas y Políticas
El fallo tiene implicaciones profundas tanto en el ámbito económico como político. Desde una perspectiva financiera, elimina una herramienta central que Trump utilizaba para forzar acuerdos comerciales favorables a EE.UU., reduciendo su capacidad para influir en economías extranjeras mediante la amenaza de impuestos a las importaciones.
Políticamente, este revés judicial evidencia crecientes tensiones entre el ejecutivo y otras ramas del gobierno. Las decisiones unilaterales de Trump han generado controversia desde su inicio, pero este fallo representa uno de los desafíos más claros a su estilo de gobernar basado en el ejercicio discrecional de poderes ejecutivos.
Perspectivas Futuras
Mientras la Casa Blanca prepara su apelación, queda por verse si otros tribunales respaldarán esta decisión o si la Corte Suprema dará un veredicto definitivo. En caso de mantenerse, el fallo obligaría a Trump a buscar alternativas legislativas para abordar los déficits comerciales, algo que podría enfrentar resistencia significativa en un Congreso dividido.
Para muchos economistas y empresarios, esta medida judicial podría ser el primer paso hacia una normalización de las relaciones comerciales internacionales de EE.UU., restaurando la confianza perdida entre socios tradicionales como Canadá, China y México. Al mismo tiempo, plantea preguntas sobre el futuro de miles de pequeñas empresas estadounidenses que han sufrido directamente las consecuencias de estas políticas.
En conclusión, el fallo del tribunal federal de comercio supone un golpe contundente a la estrategia económica de Trump, quien deberá reconsiderar sus métodos para enfrentar los desafíos comerciales del país. Queda pendiente la respuesta final de la Corte Suprema, cuya decisión podría definir el alcance real de los poderes presidenciales en materia económica y marcar un antes y un después en la política comercial de Estados Unidos.
