MONTREAL, 29 MAYO – La legislatura de Quebec aprobó con 86 votos a favor y 27 en contra el proyecto de ley 84, una medida que obliga a los inmigrantes a adherirse a lo que el gobierno define como la «cultura común» de la provincia. El Partido Quebequense respaldó al gobierno de la Coalición Avenir Québec (CAQ) en esta decisión, mientras que Quebec Solidaire y el Partido Liberal votaron en contra.
El proyecto de ley representa la respuesta oficial de Quebec al modelo canadiense de multiculturalismo, promoviendo en su lugar un sistema basado en el interculturalismo. Según el gobierno provincial, el multiculturalismo impulsado por Ottawa ha resultado perjudicial para la cohesión social de Quebec.
Jean-François Roberge, ministro de Inmigración de Quebec, celebró la adopción de la ley, asegurando que esta marcará el fin del multiculturalismo en territorio quebequense. “Por fin, el multiculturalismo ya no se aplicará en el territorio quebequense. El multiculturalismo es un modelo que siempre ha sido perjudicial para Quebec”, declaró Roberge.
Según él, bajo el modelo multiculturalista establecido por el gobierno federal, los recién llegados son incentivados a conservar su cultura y lengua originales sin necesariamente integrarse plenamente a la sociedad anfitriona. En contraste, la nueva Ley de Integración Nacional busca garantizar que los inmigrantes adopten valores compartidos como la democracia, la igualdad entre hombres y mujeres, el laicismo y la protección de la lengua francesa.
Roberge fue enfático al señalar que aquellos que no estén dispuestos a adherirse a estos principios deberían reconsiderar mudarse a Quebec: “De lo contrario, no es una buena idea venir a Quebec”, expresó.
La ley otorga poderes adicionales al gobierno para retener fondos destinados a grupos o eventos que no promuevan activamente la cultura común de Quebec. Esto ha generado críticas, con algunos argumentando que la medida podría fomentar sentimientos antiinmigrantes y tender hacia una política de asimilación forzada.
A pesar de su aprobación, el gobierno reconoció que aún quedan detalles por definir sobre cómo implementarán la ley de manera práctica. Roberge anunció que antes de las elecciones de 2026 se lanzará una política nacional formal de integración a la nación quebequense y a la cultura común. Los ministerios, organismos y municipios que otorgan subvenciones tendrán la responsabilidad de asegurarse de que los proyectos financiados sean compatibles con este nuevo modelo.
Además, se comprometió a que los fondos ya asignados no serán retirados abruptamente. Un informe evaluativo será elaborado dentro de cinco años para analizar la efectividad del nuevo sistema, utilizando criterios específicos que se definirán en la política nacional.
Los detractores de la ley argumentan que esta podría marginar a comunidades vulnerables y dificultar su proceso de adaptación en la provincia. Sin embargo, defensores de la medida sostienen que esta contribuirá a fortalecer la cohesión social y proteger la identidad cultural única de Quebec en un contexto cada vez más diverso.
