Lima, 27 mayo.— La Fiscalía de Perú presentó este martes una solicitud formal al Congreso para que reconsidere su decisión de archivar una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, vinculada al denominado caso Rolexgate. En este caso, se le acusa de cohecho pasivo impropio tras recibir supuestamente relojes Rolex y otras joyas valiosas como parte de una presunta estrategia para influir en decisiones gubernamentales.
El Contexto del Caso
La denuncia inicial surgió cuando se reveló que Boluarte habría recibido tres relojes Rolex, un par de aretes de oro con diamantes y una pulsera Bangle incrustada con 94 brillantes del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez. Según la Fiscalía, estos regalos fueron entregados con la intención de que Boluarte, en su calidad de presidenta, favoreciera a Oscorima en la asignación de transferencias económicas del Ejecutivo.
En sus primeras declaraciones sobre el tema, Boluarte afirmó que los relojes eran suyos y fruto de su propio esfuerzo económico. Sin embargo, posteriormente reconoció que se trataba de un «préstamo» de Oscorima y admitió que había cometido un «error político» al aceptarlos.
Archivamiento Controverso
El pasado viernes, el Congreso peruano decidió archivar la denuncia constitucional contra Boluarte tras aprobar un informe elaborado por la legisladora fujimorista Nilza Chacón. Este documento argumentaba que no existían suficientes elementos para sustentar una infracción constitucional en torno al uso de los relojes y otros objetos de lujo no declarados.
Sin embargo, la Fiscalía cuestionó esta resolución, señalando graves «vicios procesales» durante el trámite parlamentario. En un comunicado oficial, indicó que tales irregularidades justifican solicitar la nulidad de todo lo actuado en sede parlamentaria y diferir el procedimiento hasta que cese la inmunidad presidencial de Boluarte. Esta medida busca garantizar una actuación ajustada a derecho y evitar posibles interferencias políticas.
“El Ministerio Público actúa en defensa del orden constitucional, exigiendo que todo procedimiento, incluso en sede parlamentaria, se ajuste estrictamente a los principios fundamentales que rigen el Estado constitucional y democrático de Derecho”, destacó la Fiscalía en su mensaje publicado en la red social X.
Nueva Acción Fiscal
Esta no es la primera vez que la Fiscalía actúa contra Boluarte en relación con el caso Rolexgate. Hace dos semanas, el Ministerio Público presentó otra denuncia contra la mandataria por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar bienes en sus declaraciones juradas de patrimonio. Estas investigaciones buscan determinar si los mencionados relojes y joyas forman parte de un patrón de incremento injustificado en su riqueza personal.
Además, la fiscalía planteó evaluar si procede denunciar al exjefe del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, por haber iniciado la investigación original contra Boluarte hace un año. Esto añade complejidad al caso, ya que pone en duda tanto las motivaciones detrás de la denuncia como la transparencia del proceso judicial.
Implicaciones Políticas
El archivo de la denuncia constitucional por parte del Congreso ha generado polémica debido a las divisiones políticas dentro del Parlamento. Críticos señalan que la decisión podría estar influenciada por intereses partidarios más que por méritos legales. Por ello, la solicitud de reconsideración enviada por la Fiscalía adquiere relevancia como un intento de restablecer el equilibrio entre poderes y asegurar que ninguna autoridad quede por encima de la ley.
La denuncia constitucional es un mecanismo especial reservado para altos funcionarios del Estado, incluida la presidenta. Para que prospere, requiere primero la aprobación del Congreso, quien debe recomendar acusar formalmente a la persona investigada. Si el Legislativo rechaza la recomendación, como ocurrió en este caso, el proceso queda interrumpido.
Reacciones y Perspectivas
La petición de la Fiscalía refleja su preocupación por garantizar una investigación justa y transparente, libre de presiones políticas. Al pedir la nulidad del trámite parlamentario, el Ministerio Público busca asegurarse de que cualquier decisión futura sobre el caso sea tomada conforme a la legalidad y no a conveniencias políticas.
Por otro lado, la presidenta Boluarte enfrenta múltiples investigaciones que podrían afectar su estabilidad política en medio de una crisis nacional marcada por tensiones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Su manejo del caso Rolexgate ha sido objeto de críticas y defensas polarizadas, dividiendo opiniones entre quienes consideran que fue un error de juicio y aquellos que ven indicios de corrupción.
Hacia un Futuro Justo
La solicitud de reconsideración eleva las apuestas en el enfrentamiento entre el Gobierno y el Congreso, especialmente en un contexto donde ambos poderes buscan consolidar su posición frente a la opinión pública. Mientras tanto, la población peruana observa con atención cómo evolucionará este caso, esperando que prevalezca la justicia por encima de intereses políticos.
Con esta nueva acción, la Fiscalía reafirma su compromiso con la lucha contra la corrupción y la defensa del interés público. Queda pendiente ahora la respuesta del Congreso, cuya decisión podría marcar un antes y un después en las relaciones entre los poderes del Estado y en la credibilidad del sistema judicial peruano.
Este caso subraya la necesidad de fortalecer las instituciones peruanas para garantizar que nadie, ni siquiera la máxima autoridad del país, quede exento de rendir cuentas ante la ley.
