Madrid, 23 de mayo de 2025.- El Gobierno español y sus socios parlamentarios están impulsando las negociaciones para sacar adelante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca regularizar la situación de medio millón de personas extranjeras en situación irregular en España, según ha adelantado El País y confirmado fuentes parlamentarias.
Este miércoles, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, se reunió con varios grupos políticos para presentar los requisitos propuestos para acceder a esta regularización. Entre ellos destacan: demostrar al menos un año de residencia continuada en España, no tener antecedentes penales ni órdenes activas de retorno. Además, aunque el texto aún está sujeto a cambios, se contempla otorgar un permiso de residencia y trabajo por un año sin exigir un contrato previo.
El Contexto Político y Social
La ILP, respaldada por más de 600.000 firmas, lleva más de un año estancada en el Congreso de los Diputados. Su impulso ahora cobra especial relevancia tras la aprobación del nuevo Reglamento de Extranjería el pasado 20 de mayo, que ha generado preocupación entre organizaciones sociales y colectivos migrantes.
Según estas entidades, el nuevo reglamento perjudica especialmente a los solicitantes de asilo, quienes pierden el reconocimiento del tiempo de permanencia previo si su solicitud es denegada. Esto les obligaría a esperar dos años adicionales para solicitar una autorización por arraigo. La ILP pretende subsanar este vacío legal y permitir que estas personas puedan regularizar su situación sin caer en la exclusión social.
Posturas de los Partidos Políticos
El Grupo Parlamentario Socialista lidera el esfuerzo para tramitar la ILP antes del verano, con el objetivo de evitar que la iniciativa quede bloqueada en futuros debates parlamentarios. Sin embargo, las posturas de otros partidos siguen siendo divergentes:
- Sumar, ERC, EH-Bildu, BNG y Podemos apoyan una regularización amplia que incluya prácticamente a todas las personas en situación irregular.
- Junts, PNV y PP, por su parte, mantienen posturas más restrictivas y aún no han definido públicamente su voto.
Desde Sumar, socio del PSOE en el Ejecutivo, celebran que el partido haya decidido acelerar la tramitación de la norma, aunque advierten que aún no han recibido el texto completo para analizarlo en detalle. Vicenç Vidal, portavoz de inmigración de Sumar, señaló que «el debate político está centrado en los criterios específicos. Queremos que sean lo más sencillos posible para facilitar el acceso a esta regularización».
Por su parte, el PP enfrenta presiones desde sectores como la Iglesia Católica y la patronal empresarial, que respaldan la iniciativa debido a la necesidad de mano de obra en sectores clave como agricultura, construcción y servicios.
Reacciones de la Sociedad Civil
El Movimiento Regularización Ya, impulsor de la ILP, ha expresado cierto alivio tras conocer algunos de los requisitos planteados por el PSOE, aunque insiste en que aún falta por conocer «la letra pequeña» y las posturas finales de Junts, PNV y PP. Victoria Columba, portavoz del movimiento, afirmó que «la propuesta nos parece bastante ajustada a lo que pedimos, pero la ILP no puede ser solo un parche al nuevo Reglamento de Extranjería».
Además, desde Podemos urgen al Gobierno a considerar la posibilidad de aprobar la regularización directamente a través de un Real Decreto en el Consejo de Ministros, evitando así los trámites parlamentarios. Recuerdan que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero utilizó este mecanismo en 2005 para llevar a cabo una regularización masiva similar.
Objetivos del Gobierno
El Ejecutivo tiene como objetivo cerrar un acuerdo con los grupos parlamentarios antes del verano para evitar que la ILP pierda prioridad en el calendario político. Según fuentes gubernamentales, existe optimismo de que el PP finalmente se abstenga, dada la influencia de actores clave como la Iglesia y los empresarios.
Con esta medida, el Gobierno busca no solo corregir los efectos del nuevo Reglamento de Extranjería, sino también combatir la economía sumergida y garantizar derechos básicos a una población vulnerable. Desde 1985, gobiernos tanto del PSOE como del PP han recurrido en ocho ocasiones a regularizaciones extraordinarias para abordar situaciones similares.
Próximos Pasos
El debate sobre la ILP entra ahora en una fase decisiva. Las próximas semanas serán clave para determinar si se logra un consenso suficiente para tramitar la iniciativa antes del verano. Mientras tanto, organizaciones sociales y colectivos migrantes mantienen la presión para asegurar que la regularización sea inclusiva y responda a las necesidades reales de las personas afectadas.
El éxito de esta iniciativa podría marcar un hito en la política migratoria de España, ofreciendo una salida digna a cientos de miles de personas que actualmente viven en la precariedad. Sin embargo, su futuro dependerá en gran medida de las negociaciones políticas y la voluntad de los partidos para llegar a un acuerdo.
