MADRID, 20 DE MAYO — Este martes entra en vigor el nuevo reglamento de extranjería, una normativa con la que el Gobierno español prevé regularizar a unas 900.000 personas en los próximos tres años. Sin embargo, su implementación ha generado un amplio debate debido a las posibles consecuencias negativas para colectivos vulnerables, como los solicitantes de asilo o los menores migrantes.
El texto fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 19 de noviembre y, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entró en vigor este lunes, seis meses después. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido esta reforma como una actualización necesaria tras 13 años sin cambios significativos, adaptándose a la realidad migratoria actual bajo una perspectiva de derechos humanos.
Novedades Clave del Reglamento
Entre las principales novedades destaca la reconfiguración de la figura del arraigo, que ahora se divide en cinco modalidades:
- Arraigo social
- Arraigo sociolaboral
- Arraigo socioformativo
- Arraigo de segunda oportunidad
- Arraigo familiar
Además, se reduce de 3 a 2 años el tiempo de permanencia en España necesario para acceder a esta vía de regularización.
Otra medida relevante es la creación de una autorización de residencia para familiares de ciudadanos españoles, ampliando la cobertura de la reagrupación familiar. Por ejemplo, la edad máxima de los hijos beneficiarios pasa de 21 a 26 años.
Puntos Positivos
El nuevo reglamento incluye disposiciones destinadas a facilitar la integración de los migrantes y evitar situaciones de irregularidad administrativa:
- Todas las autorizaciones iniciales serán de un año, mientras que las renovaciones tendrán una duración de cuatro años.
- Las personas que lleguen a España para estudiar contarán con una autorización de estancia inicial que coincida con la duración de su formación. Además, podrán trabajar hasta 30 horas semanales mientras estudian y tendrán acceso a una vía rápida para obtener un permiso de trabajo al finalizar sus estudios.
Riesgos para Solicitantes de Asilo y Menores
A pesar de estas mejoras, el reglamento ha sido criticado por organizaciones sociales, fuerzas políticas e instituciones como el Defensor del Pueblo debido a ciertos aspectos considerados perjudiciales.
Uno de los puntos más controvertidos es que el tiempo de residencia como solicitante de protección internacional no computará para optar al arraigo. Esto significa que si una solicitud de asilo es denegada, la persona caerá en situación de irregularidad y deberá esperar dos años para solicitar la regularización.
Como medida transitoria durante un año, el Gobierno redujo de 2 años a 6 meses el tiempo de residencia exigido para acceder al arraigo en estos casos. Sin embargo, esta disposición ha llevado a muchos solicitantes de asilo que ya vivían y trabajaban legalmente en España a renunciar a sus peticiones, cayendo en la irregularidad.
Reacciones y Recursos Legales
La polémica ha llevado a siete entidades sociales —incluidas la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes— a interponer un recurso ante el Tribunal Supremo, que aún no ha emitido una resolución.
Por su parte, el Defensor del Pueblo registró el pasado viernes un informe en las Cortes Generales alertando de que la entrada en vigor del reglamento «podría abocar a la irregularidad sobrevenida a miles de menores».
ONG especializadas en migración han advertido que decenas de miles de personas podrían quedar en situación irregular debido a la denegación de asilo o al desistimiento de sus solicitudes.
Respuesta del Gobierno
Ante las críticas, el Gobierno ha comenzado a estudiar nuevas medidas para mitigar los efectos negativos del reglamento. En este contexto, el PSOE ha impulsado negociaciones en el Congreso para avanzar en la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promueve una regularización extraordinaria de migrantes.
Esta iniciativa, respaldada por más de 600.000 firmas, lleva más de un año estancada en el Congreso. El grupo político Sumar ha propuesto ampliar su alcance para incluir a todas las personas extranjeras que vivan en España en situación irregular hasta el momento de su entrada en vigor, en lugar de limitarlo al 31 de diciembre de 2024, como estaba previsto inicialmente.
Un Futuro Incierto
Aunque el nuevo reglamento busca modernizar la gestión migratoria y garantizar derechos fundamentales, los riesgos asociados a ciertas disposiciones han generado preocupación entre activistas y expertos en derechos humanos. El balance entre regularización y protección de colectivos vulnerables seguirá siendo un tema central en el debate político y social de los próximos meses.
