LIMA, 12 de mayo de 2023.- Varias agencias de las Naciones Unidas instaron este lunes al gobierno peruano a derogar la recientemente promulgada Ley 32330, que reduce la edad de responsabilidad penal a 16 años para delitos graves como sicariato, extorsión y homicidio calificado. La norma, que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, ha generado críticas tanto dentro como fuera del país por considerarse contraria a los derechos humanos y a tratados internacionales.
Rechazo de las Agencias de la ONU
En un comunicado conjunto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Oficina contra las Drogas y el Delito (UNODC) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) expresaron su preocupación por la nueva ley, argumentando que contradice la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional ratificado por Perú.
Las agencias destacaron que:
- La medida no abordará significativamente la inseguridad: Según estadísticas oficiales, el 98 % de los casos de criminalidad en Perú son cometidos por adultos, lo que sugiere que reducir la edad de imputabilidad penal no tendrá un impacto real en la reducción de la violencia.
- Riesgo de reincorporación al crimen: Al permitir que adolescentes cumplan penas junto con adultos, existe el peligro de que estos jóvenes sean influenciados negativamente por su entorno carcelario, perpetuando una trayectoria criminal en lugar de fomentar su rehabilitación social.
«Instamos a los poderes del Estado a considerar la derogación de la ley recientemente promulgada y a dotar de recursos técnicos y económicos al sistema de justicia penal juvenil como vía efectiva para abordar los hechos de violencia», señalaron las agencias en el comunicado.
Además, reiteraron su solidaridad con las familias afectadas por la violencia en el país, reconociendo la importancia de abordar el problema de la seguridad ciudadana de manera integral.
Rechazo Interno: Poder Judicial y Ministerio Público
El Poder Judicial y el Ministerio Público también han manifestado su rechazo a la ley. En un comunicado oficial, el Poder Judicial señaló que la norma es «incompatible con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos». Por su parte, el Ministerio Público recordó que ya existe un sistema en Perú para tratar a los adolescentes que infringen la ley penal, enfocado en su rehabilitación y reinserción social.
Argumentos a Favor de la Ley
Durante el debate en el Congreso, algunos legisladores defendieron la necesidad de la ley, argumentando que las bandas criminales reclutan a jóvenes de 16 y 17 años para cometer delitos graves. El parlamentario Fernando Rospigliosi, exministro del Interior y miembro del partido fujimorista, aseguró que la medida era «indispensable» para combatir la creciente violencia en el país.
Sin embargo, críticos de la ley sostienen que esta no ataca las causas profundas de la delincuencia juvenil, como la pobreza, la falta de acceso a educación y oportunidades laborales, y la desintegración familiar.
Impacto Potencial de la Ley
La implementación de la Ley 32330 podría tener implicaciones significativas en el sistema de justicia juvenil peruano. Al declarar imputables penalmente a los adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves, se corre el riesgo de sobrecargar el sistema penitenciario y desviar recursos que podrían utilizarse para programas de prevención y rehabilitación.
Además, las agencias de la ONU advirtieron que la medida podría generar un ciclo de violencia y exclusión, donde los jóvenes marginados encuentran pocas alternativas para reintegrarse a la sociedad tras cumplir una condena.
Un Debate Polarizado
El tema de la edad de imputabilidad penal ha sido históricamente controvertido en Perú y otros países de América Latina. Mientras algunos sectores de la sociedad aplauden la ley como una respuesta firme a la inseguridad, otros argumentan que penalizar a menores no resuelve los problemas estructurales que llevan a los jóvenes a involucrarse en actividades delictivas.
El llamado de las agencias de la ONU refleja una posición clara: priorizar la inversión en sistemas de prevención y rehabilitación juvenil en lugar de endurecer las penas para adolescentes. Sin embargo, el gobierno peruano enfrenta una presión social significativa para demostrar que está tomando medidas concretas contra la violencia.
¿Qué Sucede Ahora?
La promulgación de la ley ha abierto un debate nacional sobre cómo abordar la seguridad ciudadana sin comprometer los derechos de los adolescentes. Mientras el gobierno evalúa si dar marcha atrás o mantener la norma, organizaciones de derechos humanos, académicos y actores internacionales seguirán observando de cerca el desarrollo de esta situación.
Lo cierto es que la implementación de políticas efectivas para combatir la delincuencia juvenil requiere más que cambios legislativos; implica abordar las causas profundas de la violencia y garantizar que los jóvenes tengan acceso a oportunidades que les permitan construir un futuro diferente.
El futuro de la Ley 32330 sigue siendo incierto, pero su discusión ha puesto de relieve la necesidad de encontrar soluciones integrales que equilibren seguridad y derechos humanos.
