BOGOTÁ, 22 abr.- El Gobierno del presidente Gustavo Petro dio a conocer este martes las 12 preguntas que conformarán una consulta popular centrada en la reforma laboral, cuyo objetivo es buscar la aprobación ciudadana de medidas que han sido bloqueadas en el Congreso. La consulta será presentada formalmente ante el Senado el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo.


El Contexto de la Consulta

La propuesta surge tras el rechazo de la Comisión Séptima del Senado, que archivó en tercer debate la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo el mes pasado. Ante esta situación, el Gobierno optó por un mecanismo directo de participación ciudadana para avanzar en su agenda legislativa.

«Si no estuviéramos seguros de que estas preguntas van a obtener el sí, no las estaríamos proponiendo, así de sencillo», afirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, durante una rueda de prensa. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que si la consulta es aprobada, el Congreso tendrá dos períodos legislativos para emitir las leyes correspondientes. De lo contrario, el presidente podrá expedirlas mediante decreto.


Requisitos para la Validación de la Consulta

Para que la consulta sea válida, debe cumplirse un umbral de participación significativo: de los 40,9 millones de colombianos habilitados para votar, al menos 13,6 millones deben participar. Además, cada pregunta deberá obtener la mayoría absoluta de los votos (más del 50%) para ser aprobada.

Según Benedetti, la consulta tiene carácter vinculante: primero obliga al Congreso a legislar sobre las preguntas aprobadas, y en caso de inacción, el presidente puede intervenir mediante decretos. «Es de obligatorio cumplimiento, primero para el Congreso y luego para el presidente de la República», subrayó.


Enfoque en la Reforma Laboral

Las 12 preguntas giran en torno a la reforma laboral y buscan transformar aspectos clave del mercado laboral en Colombia. Según Sanguino, estas representan “el alma y la columna vertebral” de la propuesta laboral del Gobierno. Algunos de los temas incluidos son:

  1. Regulación de la jornada laboral: Establecer un máximo de ocho horas diarias.
  2. Permisos médicos: Garantizar licencias por dolores menstruales incapacitantes.
  3. Eliminación de la tercerización abusiva: Prohibir contratos laborales que vulneren derechos fundamentales.
  4. Contratación inclusiva: Establecer cuotas mínimas para personas con discapacidad.
  5. Salarios justos: Garantizar condiciones dignas para trabajadores rurales y campesinos.

Además, se incluyen propuestas dirigidas tanto a proteger los derechos de los trabajadores como a promover prácticas empresariales más equitativas.


Participación Ciudadana en la Construcción del Cuestionario

El contenido de las preguntas fue elaborado a partir de más de 20.000 propuestas enviadas por ciudadanos a través de un portal habilitado por el Gobierno hasta el 21 de abril. Este proceso busca reflejar las demandas y prioridades de la población en temas laborales.

Durante la rueda de prensa, Sanguino destacó que las preguntas fueron diseñadas para ser claras y concisas, con respuestas cerradas (“Sí” o “No”). Para avanzar, cada pregunta deberá superar el umbral de votos requerido.


Retos y Expectativas

El Gobierno enfrenta el desafío de movilizar a suficientes votantes para alcanzar el umbral de participación necesario. Históricamente, las consultas populares en Colombia han tenido dificultades para cumplir con este requisito debido a la apatía electoral y otros factores.

Sin embargo, el Ejecutivo confía en que las propuestas responden a necesidades urgentes de la sociedad y lograrán el apoyo necesario. La consulta también representa una oportunidad para que los ciudadanos participen directamente en decisiones clave sobre el futuro laboral del país.


Próximos Pasos

El 1 de mayo, el presidente Petro presentará oficialmente la consulta ante el Senado, donde deberá obtener la aprobación para proceder. Si es validada, se convocará a los ciudadanos a votar en una fecha aún por definir.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca sortear los obstáculos legislativos y garantizar avances en su agenda de reformas, especialmente en materia laboral. Sin embargo, el éxito dependerá en gran medida de la capacidad del Ejecutivo para generar consenso y movilizar a la población hacia las urnas.

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