CHARLESTON, Virginia Occidental, 27 de marzo — Los colorantes sintéticos utilizados en alimentos como cereales, bebidas y caramelos de colores brillantes están siendo objeto de un creciente escrutinio en Estados Unidos. A pesar de que el gobierno federal ha sido criticado por su inacción frente a evidencias sobre los efectos nocivos de estos aditivos, varios estados han comenzado a tomar medidas para prohibirlos. Virginia Occidental se convirtió esta semana en el primer estado en firmar una prohibición estatal general de siete de estos colorantes sintéticos, liderando un movimiento bipartidista que abarca desde estados conservadores hasta progresistas.
La Prohibición en Virginia Occidental: Un Paso Sin Precedentes
El gobernador republicano de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, firmó la nueva ley que prohíbe el uso de ciertos colorantes artificiales en alimentos, destacando que “no hay mejor lugar para liderar la misión de Hacer América Saludable de Nuevo“. Esta medida entrará en vigor en las comidas escolares en agosto de este año y se extenderá a todo el estado para 2028.
La legislación prohíbe el uso de colorantes como el rojo, azul, verde y amarillo sintéticos, que han sido vinculados a problemas neuroconductuales en algunos niños. Además, se alinea con esfuerzos similares en otros estados como California y Virginia, donde se han aprobado prohibiciones más limitadas que afectan específicamente las comidas escolares públicas.
La senadora republicana Laura Wakim Chapman, quien preside la comisión de salud del Senado, fue enfática al señalar que “no deberíamos estar obligados a vigilar nuestros propios alimentos”. Durante la votación, calificó la decisión como potencialmente la más importante de las carreras políticas de los legisladores involucrados.
“No más colores tóxicos, no más envenenarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos. No más riesgos innecesarios. Nuestra salud no está a la venta”, declaró Chapman.
¿Por Qué Preocuparse por los Colorantes Sintéticos?
Actualmente, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha aprobado 36 aditivos de color para su uso en alimentos y bebidas en Estados Unidos. Entre ellos, nueve son colorantes químicos derivados del petróleo, incluido el controvertido Rojo 3, cuya prohibición parcial fue anunciada en enero con un plazo de eliminación gradual hasta 2027.
Defensores de la salud pública han señalado durante años que estos colorantes pueden tener efectos adversos en la salud, especialmente en niños. Investigaciones han vinculado su consumo con la exacerbación de síntomas de trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) y estudios en animales han relacionado ciertos aditivos con el desarrollo de cánceres.
Países como los de la Unión Europea, Australia y Japón ya han prohibido o restringido el uso de algunos de estos colorantes debido a sus posibles riesgos para la salud. Incluso compañías alimentarias como Kellogg’s han reformulado sus productos en otros países, utilizando alternativas naturales como jugo concentrado de frutas para colorear cereales como Froot Loops.
Sin embargo, en Estados Unidos, algunas empresas han resistido estos cambios, argumentando que aumentarían los costos y reducirían la accesibilidad a ciertos productos.
El Impacto Económico y Social
La industria alimentaria ha expresado preocupación sobre los efectos de estas regulaciones. La Asociación Nacional de Confiteros, un grupo comercial que representa a fabricantes de chocolates, caramelos y chicles, advirtió que las nuevas restricciones podrían aumentar los precios, reducir la variedad en los estantes de las tiendas y afectar desproporcionadamente a comunidades de bajos ingresos.
“Estados como Virginia Occidental, donde uno de cada cuatro niños vive en la pobreza y muchos vecindarios son ‘desiertos alimentarios’, se verán desproporcionadamente afectados”, señaló el grupo en un comunicado.
Por su parte, Charles Leftwich, vicepresidente de seguridad alimentaria y garantía de calidad de Sysco Corp., el mayor distribuidor de servicios alimentarios del mundo, destacó la necesidad de políticas basadas en la ciencia y aplicadas de manera consistente en todas las geografías. “No deberíamos tener un enfoque fragmentado cuando se trata de seguridad alimentaria, porque genera una falta de confianza y seguridad entre los consumidores”, afirmó.
Cambios en los Distritos Escolares
Los distritos escolares en Virginia Occidental ya han comenzado a ajustarse a las nuevas regulaciones. Chris Derico, quien dirige el programa de nutrición escolar del condado de Harrison, espera que los costos aumenten, pero asegura que no está “en modo de pánico” porque los productos que contienen colorantes artificiales no forman parte de los platos principales servidos a los estudiantes.
Por otro lado, Travis Austin, líder del servicio de alimentos en el sistema de Escuelas del Condado Cabell, calificó la política como “un paso en la dirección correcta”. Subrayó que dependerá de los fabricantes adaptar sus fórmulas si quieren seguir siendo competitivos.
“Todo se trata de dinero”, dijo Austin. “Si Froot Loops y Lucky Charms no cambian sus fórmulas, entonces no los compraremos. Compraremos aquellos que sí lo hagan.”
Un Movimiento en Expansión
La prohibición en Virginia Occidental marca un hito, pero no será la última. En Oklahoma, un proyecto de ley similar avanza para prohibir 21 colorantes y aditivos sintéticos en alimentos. Según el legislador Jason Barrett, estas medidas buscan enviar un mensaje claro a las grandes corporaciones alimentarias: “Con la aprobación de este proyecto de ley, estamos diciendo que la salud de nuestra gente es lo primero”.
Los legisladores también han destacado que muchos de estos colorantes se encuentran en alimentos altamente procesados y azucarados, que son consumidos principalmente por personas de bajos ingresos y niños. Este fenómeno refuerza la idea de que las corporaciones se aprovechan de las comunidades más vulnerables.
Conclusión
La prohibición de colorantes sintéticos en Virginia Occidental representa un cambio significativo en la forma en que Estados Unidos aborda la seguridad alimentaria. Mientras que el gobierno federal enfrenta críticas por su lentitud en actuar, los estados están tomando la iniciativa para proteger la salud de sus ciudadanos.
Aunque la industria alimentaria ha advertido sobre posibles aumentos de precios y menor accesibilidad, los defensores de la salud pública celebran estas medidas como un paso necesario hacia un futuro más saludable. Con más estados considerando regulaciones similares, es probable que este movimiento impulse cambios a nivel nacional, presionando a las empresas a reformular sus productos y priorizar la salud de los consumidores.
Este esfuerzo bipartidista demuestra que, cuando se trata de proteger la salud pública, los legisladores pueden superar divisiones políticas para lograr avances significativos.
