RÍO DE JANEIRO, 25 de marzo.- Un panel de jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil comenzó este martes el proceso para determinar si el expresidente Jair Bolsonaro y sus aliados serán juzgados por cinco cargos graves, entre ellos la acusación de planificar un golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
El fiscal general, Paulo Gonet, presentó cargos contra Bolsonaro en febrero, acusándolo de liderar una supuesta organización criminal armada con el objetivo de mantenerse en el poder “a toda costa”. Según Gonet, el plan incluía tácticas extremas como envenenar a Lula y asesinar al juez del STF Alexandre de Moraes, uno de los principales adversarios políticos de Bolsonaro durante su mandato.
Los Cargos Presentados
Bolsonaro y otros 33 acusados enfrentan los siguientes cargos:
- Intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático.
- Pertenencia a una organización criminal armada.
- Daño calificado por violencia a bienes públicos.
- Amenaza grave contra los bienes del Estado.
- Deterioro del patrimonio histórico y cultural.
Según el relator del caso, Alexandre de Moraes, la organización criminal operó entre julio de 2021 y enero de 2023, período durante el cual se llevaron a cabo “actos maliciosos destinados a derrocar al gobierno legítimamente electo.” Gonet respaldó estas afirmaciones durante su intervención en el tribunal, destacando que las investigaciones revelaron documentos manuscritos, archivos digitales y mensajes intercambiados que evidencian la existencia de un plan estructurado.
Reacciones de Bolsonaro
Al llegar al Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro negó las acusaciones y reiteró que está siendo víctima de una persecución política. En declaraciones a periodistas en Brasilia, expresó: “Estoy bien. Siempre espero justicia. Nada está fundamentado en las acusaciones, hechas de manera sesgada, por la Policía Federal.”
Bolsonaro se refirió al informe de 884 páginas presentado por la Policía Federal en noviembre, el cual forma parte de la base de pruebas utilizadas por el fiscal Gonet. Sin embargo, sus críticos argumentan que el contenido del informe y otras evidencias recopiladas son contundentes.
Posibles Condenas
De acuerdo con la legislación brasileña, una condena por intento de golpe de Estado podría resultar en una pena de hasta 12 años de prisión. Sin embargo, si se combinan con los otros cargos presentados, las penas podrían acumularse, llevando a una sentencia de varias décadas tras las rejas.
Analistas jurídicos coinciden en que es probable que los jueces acepten los cargos contra Bolsonaro y los demás acusados. “No hay sombra de duda de que hay elementos muy claros” de que se cometieron delitos, señaló Thiago Bottino, catedrático de derecho de la Fundación Getulio Vargas.
Primeros Acusados en Debate
Este martes, el tribunal analizará específicamente los casos de ocho personas, incluyendo a Bolsonaro, los exministros de Defensa Walter Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira, y el exministro de Justicia Anderson Torres, entre otros. Las decisiones sobre los restantes 26 acusados se tomarán en etapas posteriores.
Movilización Política y Apoyo Popular
Ante la posibilidad de un juicio penal, Bolsonaro ha intensificado sus esfuerzos para fortalecer su apoyo político. El 16 de marzo organizó una protesta en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, que reunió aproximadamente 18.000 personas, según cifras del proyecto de monitoreo vinculado a la Universidad de Sao Paulo. Aunque esta cifra quedó lejos de los objetivos iniciales de movilizar a un millón de partidarios, Bolsonaro convocó a una nueva manifestación el próximo 6 de abril en la emblemática Avenida Paulista de Sao Paulo.
En ambas protestas, sus seguidores han exigido al Congreso otorgar amnistía a los responsables del motín del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro asaltaron y vandalizaron el Supremo Tribunal Federal, el Palacio Presidencial y el Congreso, una semana después de la toma de posesión de Lula.
Herencia Controversial
Bolsonaro, un exoficial militar conocido por su nostalgia hacia la dictadura militar brasileña (1964-1985), fue un presidente polémico durante su mandato (2019-2022). Su constante desafío al sistema judicial y sus cuestionamientos infundados al sistema de votación electrónica finalmente derivaron en su prohibición de postularse a cargos públicos hasta 2030.
El máximo tribunal electoral lo sancionó por abuso de poder y conducta antidemocrática, consolidando aún más su estatus como una figura polarizante en la política brasileña.
Conclusión
El proceso en el STF representa un momento crucial en la historia política de Brasil, ya que podría definir el futuro legal y político de Bolsonaro. Mientras tanto, sus acciones y las protestas de sus seguidores reflejan la persistente polarización en el país, así como la lucha por reconciliar democracia y Estado de derecho tras años de tensiones institucionales.
Conforme avanza el juicio, los brasileños observan atentamente cómo el tribunal manejará un caso que tiene implicaciones profundas no solo para Bolsonaro, sino también para la estabilidad democrática del país.
