WASHINGTON, 25 de marzo. — El gobierno del expresidente Donald Trump invocó este lunes el “privilegio de secretos de Estado” para negarse a proporcionar información crítica al juez federal James Boasberg, quien evalúa si el gobierno desobedeció una orden judicial que bloqueaba las deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una controvertida legislación que no se había utilizado desde la Segunda Guerra Mundial.
El caso ha generado tensiones significativas entre el ejecutivo y los tribunales federales, profundizando un debate sobre los límites del poder presidencial y los derechos de los inmigrantes. Boasberg, nominado por el expresidente Barack Obama, bloqueó temporalmente las deportaciones y ordenó que los aviones que transportaban a los migrantes regresaran a Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno de Trump ignoró esta instrucción, argumentando que solo debía cumplir con órdenes escritas y que los vuelos ya en curso no podían ser detenidos.
La Disputa Legal
El juez Boasberg solicitó detalles sobre los vuelos, incluyendo cuándo aterrizaron y quién iba a bordo. Sin embargo, el Departamento de Justicia se negó a proporcionar esta información, alegando que revelarla perjudicaría “intereses diplomáticos y de seguridad nacional”. Este argumento fue reiterado durante una audiencia en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde los abogados del gobierno pidieron que se levantara la orden judicial que bloquea las deportaciones.
Durante la audiencia, la jueza Patricia Millett, nominada por Obama, hizo una comparación histórica que generó controversia: señaló que incluso los nazis detenidos en EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial recibieron más garantías procesales que los inmigrantes venezolanos deportados recientemente. El abogado del gobierno, Drew Ensign, rechazó esta analogía, argumentando que el contexto actual es diferente debido a la amenaza que representan las pandillas como el Tren de Aragua.
Millett criticó duramente la postura del gobierno, afirmando que “el presidente tiene que cumplir con la Constitución y las leyes como cualquier otra persona”. Por su parte, el juez Justin Walker, nominado por Trump, pareció más receptivo a los argumentos del gobierno, cuestionando si los demandantes deberían haber presentado su caso en Texas, donde los migrantes fueron inicialmente detenidos.
La Ley de Enemigos Extranjeros y sus Implicaciones
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 permite al gobierno deportar a extranjeros sin otorgarles acceso a un juez de inmigración o a un tribunal federal. Trump emitió una proclama declarando al Tren de Aragua una “fuerza invasora”, justificando así las deportaciones masivas de supuestos miembros de la pandilla.
Los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han argumentado que esta ley viola los derechos fundamentales de los migrantes al privarlos de un debido proceso. Según ellos, el gobierno está utilizando la legislación para acelerar procedimientos migratorios sin pruebas claras contra los afectados.
“Todo esto se ha hecho en secreto”, denunció Lee Gelernt, abogado de la ACLU, destacando la falta de transparencia en cómo se seleccionó a los deportados y el impacto humanitario de estas medidas.
Reacciones Internacionales y Legales
El caso ha trascendido las fronteras estadounidenses. En El Salvador, abogados que representan al gobierno venezolano interpusieron una acción legal para liberar a 238 venezolanos retenidos en una prisión de máxima seguridad después de ser deportados por EE.UU. Estos migrantes, muchos de ellos sin vínculos probados con actividades criminales, enfrentan condiciones precarias en un sistema penitenciario ya de por sí sobrecargado.
Mientras tanto, Trump ha intensificado sus ataques contra el juez Boasberg, cuestionando públicamente su imparcialidad y pidiendo que sea despojado de su licencia. Esta retórica ha sido ampliamente criticada, incluso por figuras dentro del propio sistema judicial. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió una declaración inusual señalando que “el juicio político no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.
Próximos Pasos
El panel de apelaciones aún no ha emitido un fallo sobre si levantará la orden judicial que bloquea las deportaciones. Mientras tanto, Boasberg ha prometido determinar si el gobierno incurrió en desacato al ignorar su orden oral de regresar los aviones en pleno vuelo. El Departamento de Justicia insiste en que dicha instrucción no era vinculante y que solo debía cumplirse con la orden escrita posterior.
Este caso representa una prueba crucial para los límites del poder ejecutivo y los derechos de los inmigrantes en EE.UU., además de plantear preguntas fundamentales sobre el uso de leyes arcaicas en contextos modernos. La decisión final podría tener implicaciones duraderas tanto en política migratoria como en las relaciones entre los poderes del Estado.
Con tensiones crecientes entre el gobierno y los tribunales, queda por verse si prevalecerá el principio de estado de derecho o si el ejecutivo logrará consolidar un precedente que expanda sus facultades en materia de seguridad nacional.
