MADRID, 18 de marzo.— El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Junts, que busca agilizar los desalojos de ocupantes ilegales (okupas) en viviendas y propiedades. La iniciativa, apoyada por partidos como el PP, Vox, PSOE, PNV y Coalición Canaria, enfrentó el rechazo de formaciones de izquierda como Sumar, EH Bildu y ERC, quienes criticaron la medida argumentando que sobredimensiona el problema y genera alarma social.
Objetivos de la Propuesta
La proposición de ley de Junts tiene como objetivo principal acelerar los procedimientos de desalojo en casos específicos de okupación ilegal. Entre sus puntos clave destacan:
- Desalojo inmediato en caso de allanamiento de morada habitual o delito flagrante:
- Se permitirá el desalojo cuando la Policía determine que la entrada forzosa ocurrió en las últimas 48 horas, basándose en evidencias como rotura de puertas o ventanas, activación de alarmas, o testimonios de testigos.
- Plazo para acreditar posesión legítima:
- Los ocupantes tendrán un plazo de 48 horas para demostrar su derecho a permanecer en el inmueble. Si no lo hacen, se procederá al desalojo inmediato.
- Limitación de suspensión de desahucios:
- Solo se permitirá la suspensión de desahucios en casos excepcionales, como cuando las viviendas pertenezcan a empresas o personas físicas con más de 10 viviendas, o cuando los ocupantes sean personas vulnerables, dependientes o víctimas de violencia machista.
- Potestad judicial para dictar medidas cautelares:
- Los jueces podrán ordenar la expulsión de ocupantes ilegales mediante medidas cautelares, previa solicitud de parte afectada.
Debate en el Congreso
Durante el debate, los grupos parlamentarios expresaron posturas encontradas sobre la iniciativa.
Apoyo Mayoritario
- PP, Vox y PSOE votaron a favor de tramitar la propuesta, aunque cada partido defendió enmiendas específicas.
- El PP criticó que su propia ley antiokupación, que incluye endurecimiento de penas y desalojos en 24 horas, siga bloqueada en la Mesa del Congreso. También propuso prohibir el empadronamiento en viviendas ocupadas ilegalmente.
- Vox vinculó la okupación con la “inseguridad ciudadana” y acusó a la población migrante de estar detrás de muchos casos de ocupación de barrios y calles.
- El PSOE, representado por Guillermo Hita, defendió que la actual ley de vivienda ya ofrece herramientas efectivas contra la okupación y denunció la corrupción inmobiliaria del PP durante los años 2002-2008 en municipios como Arganda del Rey.
Rechazo de Izquierdas
- Formaciones como Sumar, EH Bildu y ERC votaron en contra, argumentando que la propuesta exagera el problema para generar temor infundado entre los ciudadanos. Según datos citados durante el debate, las ocupaciones ilegales afectan solo al 0,06 % de los inmuebles en España.
- Oskar Matute (EH Bildu) señaló que el verdadero problema es la especulación inmobiliaria y las viviendas vacías propiedad de fondos buitre, bancos y rentistas.
- Gerardo Pisarello (Sumar) criticó el uso político del tema para “meter miedo” y aseguró que la okupación no debe confundirse con el derecho a la vivienda.
- Etna Estrems (ERC) coincidió en que el foco debe estar en combatir la especulación y garantizar alternativas habitacionales para personas vulnerables.
Argumentos de Junts
La diputada de Junts, Marta Madenas, defendió la necesidad de abordar un problema que preocupa profundamente a la ciudadanía. Argumentó que redes criminales explotan la vulnerabilidad de ciertos colectivos para realizar okupaciones ilegales, causando graves perjuicios a propietarios y vecinos.
“No se trata de criminalizar a las personas vulnerables, sino de recuperar rápidamente los inmuebles usurpados y garantizar que la administración ofrezca soluciones habitacionales a quienes realmente las necesitan,” declaró Madenas.
Además, destacó que la propuesta no busca aumentar las penas, sino agilizar los procesos judiciales y reducir la burocracia.
Posturas de Partidos Nacionalistas
- PNV y Coalición Canaria respaldaron la tramitación de la ley, pero enfatizaron que la responsabilidad de atender a familias vulnerables debe recaer en la administración pública, no en los propietarios individuales.
“No podemos cargar al propietario con la solución a problemas sociales estructurales,” afirmó un representante del PNV.
Un Problema Complejo
La okupación ilegal sigue siendo un tema polarizador en España. Mientras algunos sectores ven en ella una amenaza al derecho a la propiedad, otros argumentan que es consecuencia directa de la crisis habitacional y la falta de políticas públicas efectivas.
La tramitación de esta proposición de ley abre un nuevo capítulo en el debate sobre cómo equilibrar seguridad jurídica, derechos individuales y protección social. Sin embargo, queda por ver si el texto logrará consenso suficiente para ser aprobado definitivamente o si generará nuevas divisiones en el Congreso.
“Este es un primer paso, pero el verdadero reto será encontrar soluciones integrales que no sacrifiquen los derechos de los más vulnerables,” concluyó un analista político tras el debate.
Mientras tanto, la discusión sobre la okupación refleja tensiones más amplias en torno al acceso a la vivienda y la gestión de conflictos urbanos en un contexto de creciente desigualdad económica.
