MADRID, 18 de marzo.— El Gobierno de España ha dado un paso significativo en la gestión de la crisis migratoria con la aprobación de una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, destinada a distribuir a los menores extranjeros no acompañados (MENAs) entre las diferentes Comunidades Autónomas. Este decreto ley, fruto de un acuerdo entre el PSOE y Junts, busca aliviar la carga de regiones como Canarias y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que históricamente han asumido una parte desproporcionada de estos menores.
Criterios de Reparto
La nueva normativa establece baremos específicos para distribuir a los menores entre las autonomías, basados en indicadores socioeconómicos y logísticos:
- Población: Representa el 50% del baremo.
- Renta per cápita: Aporta un 13% al cálculo.
- Tasa de paro: Contribuye con un 15%.
- Esfuerzo previo realizado por cada comunidad: Supone un 6%.
- Dimensionamiento de plazas en centros de menores: Añade un 10% al baremo.
Estos criterios buscan equilibrar la responsabilidad entre las comunidades, considerando tanto su capacidad económica como los recursos ya invertidos en acoger a estos menores. Sin embargo, los dos últimos puntos —el esfuerzo previo y las plazas disponibles— han sido el núcleo de las negociaciones entre el PSOE y Junts, debido a las demandas de Cataluña, que argumenta haber asumido una carga mayor que otras regiones.
Según datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Cataluña lidera el Estado en infraestructura para menores, con 262 centros y 4.639 plazas, casi duplicando a Andalucía, la segunda región con más capacidad. No obstante, este esfuerzo no siempre se traduce en un reparto proporcional de menores, lo que ha generado tensiones políticas.
Reacciones Políticas
El acuerdo ha recibido respuestas mixtas desde el espectro político:
Junts
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, celebró el pacto, afirmando que corrige una “desigualdad histórica”:
“Desde siempre Cataluña ha hecho un esfuerzo gigantesco por acoger mientras otros han mirado hacia otro lado. Este acuerdo certifica esa realidad y corrige esta injusticia.”
Con el apoyo de Junts, el Gobierno asegura una parte crucial de los votos necesarios para validar la reforma en el Congreso, tras el fracaso de una iniciativa similar en julio pasado.
Comunidad de Madrid
Por el contrario, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunció que recurrirá el acuerdo ante los tribunales:
“Ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias. No se puede fomentar la inmigración irregular masiva”, declaró en redes sociales, acusando al Ejecutivo de usar a los menores como “arma política”.
Según los datos provisionales, Madrid sería una de las comunidades con mayor número de menores asignados (806), junto con Andalucía (795) y la Comunidad Valenciana (478).
Canarias
En contraste, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, celebró el acuerdo como un “día importantísimo y feliz” para España y las islas. Clavijo destacó que la reforma representa un “sistema de protección nacional” frente a la crisis migratoria.
El PP canario, socio de coalición en el gobierno insular, ha mantenido un perfil bajo. Aunque su líder, Manuel Domínguez, respaldaba el reparto hace un mes, no ha emitido declaraciones recientes sobre el tema.
Un Fondo Extraordinario de 100 Millones de Euros
El Gobierno también ha establecido un fondo extraordinario de 100 millones de euros para 2025, destinado a financiar las necesidades derivadas de la implementación de esta reforma. Este recurso busca garantizar que las comunidades tengan los medios necesarios para cumplir con sus compromisos de acogida.
Controversias y Futuros Desafíos
Aunque el acuerdo pretende abordar una problemática estructural, sigue generando debate entre colectivos promigrantes y sectores políticos opuestos. La reforma deberá ser convalidada en el Congreso, donde el Gobierno enfrentará el desafío de mantener cohesionada su mayoría parlamentaria.
Además, algunas autonomías han expresado preocupaciones sobre la viabilidad de absorber un mayor número de menores sin incrementar significativamente sus recursos. Según el ministro de Política Territorial, Víctor Torres, las comunidades podrán modificar los baremos establecidos a través de la conferencia sectorial, siempre que alcancen un acuerdo unánime.
El Ministerio ha dado de plazo hasta fin de mes para registrar a los menores extranjeros y ajustar los criterios de reparto definitivos para este año.
Conclusión: Un Pacto con Implicaciones Políticas y Sociales
El acuerdo entre el PSOE y Junts marca un intento por descentralizar la gestión de los MENAs y aliviar la presión sobre regiones sobrecargadas. Sin embargo, la implementación de esta reforma enfrentará retos significativos, desde tensiones políticas hasta limitaciones logísticas.
Mientras algunos ven en esta medida un avance hacia una distribución más justa, otros la critican como insuficiente o incluso contraproducente. Lo cierto es que la crisis migratoria seguirá siendo uno de los temas más complejos y polarizantes en la agenda política española.
“Este es un primer paso, pero queda mucho camino por recorrer,” afirmó un analista político. “El éxito dependerá de cómo se ejecute y de si se logra consenso amplio entre todas las partes involucradas.”
