WASHINGTON, 13 de marzo.— La administración del presidente Donald Trump ha presentado una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema para permitir que entren en vigor parcialmente las restricciones sobre la ciudadanía por nacimiento, mientras continúan las disputas legales. Esta medida busca limitar el alcance de las órdenes judiciales emitidas por jueces federales en Maryland, Massachusetts y Washington, que actualmente bloquean a nivel nacional la orden ejecutiva firmada por Trump poco después de iniciar su segundo mandato.
El Alcance de la Orden Ejecutiva
La controvertida orden ejecutiva de Trump negaría la ciudadanía a los niños nacidos en territorio estadounidense después del 19 de febrero, cuyos padres se encuentren en el país de manera ilegal. Además, prohíbe a las agencias federales emitir o aceptar documentos que reconozcan la ciudadanía de dichos niños, lo que incluye certificados de nacimiento y otros registros oficiales.
Esta política enfrenta una fuerte oposición, con aproximadamente dos docenas de estados demandando al gobierno federal. Los demandantes argumentan que la orden viola la 14.ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
“La promesa de la 14.ª Enmienda es clara: cualquier persona nacida en suelo estadounidense tiene derecho a la ciudadanía”, sostienen los estados en sus demandas.
La Posición del Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia (DOJ) defiende la orden ejecutiva, argumentando que los jueces federales individuales no tienen la autoridad para imponer fallos con efecto nacional. Según la administración, estas órdenes de restricción universal exceden el poder judicial y socavan la capacidad del gobierno federal para implementar políticas migratorias.
En su solicitud ante la Corte Suprema, el DOJ pide que se permita aplicar la orden ejecutiva a todos los ciudadanos y residentes, excepto a aquellos grupos específicos que han presentado demandas. Según la administración, los estados carecen de legitimación legal para impugnar la orden, ya que sus intereses no están directamente afectados.
Como alternativa, el DOJ solicitó “como mínimo” que se permita a la administración hacer anuncios públicos sobre cómo planea implementar la política si eventualmente se permite que entre en vigor.
Precedentes y Preocupaciones de la Corte Suprema
Este caso plantea nuevamente un debate clave sobre el uso de órdenes de restricción a nivel nacional o universal, una práctica que ha generado controversia en casos anteriores durante el primer mandato de Trump. Por ejemplo, en la disputa sobre la prohibición de viajes desde varios países de mayoría musulmana, la administración argumentó que los jueces individuales no deberían tener el poder de bloquear políticas federales a nivel nacional.
Aunque la Corte Suprema finalmente respaldó la prohibición de viajes, nunca abordó explícitamente la validez de las órdenes de restricción universal. Sin embargo, cinco jueces conservadores de la corte —una mayoría— han expresado preocupaciones previas sobre este tema, lo que podría influir en su decisión actual.
Rechazos Previos en Cortes Inferiores
Hasta ahora, tres cortes de apelaciones federales han rechazado las solicitudes de la administración para levantar las órdenes de restricción. La más reciente fue en Massachusetts, donde el tribunal de apelaciones confirmó el martes que la orden ejecutiva debe permanecer bloqueada.
Estas decisiones refuerzan la postura de los demandantes, quienes argumentan que la política de Trump no solo viola la Constitución, sino que también generaría caos administrativo al desestabilizar sistemas existentes para registrar nacimientos y otorgar ciudadanía.
Consecuencias Potenciales
Si la Corte Suprema accede a la solicitud de la administración, incluso parcialmente, podría abrir la puerta a la implementación de la orden ejecutiva en algunos estados o regiones. Esto fragmentaría la aplicación de las leyes de ciudadanía, creando disparidades significativas dependiendo del lugar de nacimiento.
Por otro lado, un fallo en contra de la administración reforzaría el principio constitucional de la ciudadanía por nacimiento y establecería un precedente importante sobre los límites del poder ejecutivo frente al control judicial.
Conclusión: Un Caso de Gran Impacto
El caso representa uno de los intentos más audaces de la administración Trump por redefinir la interpretación de la 14.ª Enmienda y reformular las políticas migratorias. Mientras tanto, los demandantes y defensores de los derechos civiles advierten que la orden ejecutiva podría marginar aún más a comunidades vulnerables y erosionar principios fundamentales de igualdad y justicia.
“Este es un momento crítico para la democracia estadounidense”, dijo un experto en derecho constitucional. “La decisión de la Corte Suprema no solo determinará el futuro de esta política, sino también el equilibrio de poder entre las ramas del gobierno”.
El mundo jurídico y político sigue con atención el desarrollo de este caso, consciente de que su resolución tendrá implicaciones duraderas para la interpretación de la Constitución y las políticas migratorias en Estados Unidos.
