BOGOTÁ, 5 de marzo.— El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció esta semana un ambicioso plan para erradicar 25.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en la región del Catatumbo, una de las áreas más afectadas por la violencia y el narcotráfico en el país. Este esfuerzo se llevará a cabo bajo la figura del “estado de conmoción interior”, una medida extraordinaria que busca acelerar la intervención estatal en una zona marcada por la presencia de grupos armados ilegales y la ausencia histórica del Estado.

El gobierno pretende sustituir los cultivos ilícitos mediante un enfoque voluntario, ofreciendo incentivos económicos y programas de desarrollo alternativo a los campesinos. Sin embargo, este plan enfrenta importantes desafíos relacionados con la seguridad, la convicción de los cultivadores y la sostenibilidad a largo plazo.


Un Plan Integral con Tres Grandes Retos

1. Garantizar la Seguridad en una Zona en Conflicto

El Catatumbo, ubicado en el departamento de Norte de Santander y fronterizo con Venezuela, es estratégico tanto por sus sembradíos de hoja de coca como por las rutas del narcotráfico y el contrabando. Actualmente, la región está siendo disputada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las extintas FARC, lo que ha generado una ola de violencia desde enero. Según cifras del Ministerio de Defensa, al menos 71 personas han muerto y 55.000 han sido desplazadas debido a las confrontaciones armadas.

Aunque el gobierno ha intensificado la presencia militar para recuperar el control territorial, expertos advierten que aún no se han garantizado las condiciones de seguridad necesarias para implementar el programa de erradicación y retorno de los desplazados.

“El Estado y las instituciones no tienen aún las garantías de seguridad necesarias para entrar a iniciar el programa de erradicación y mucho menos para completar el proyecto”, señaló Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group. “Lo que veo es que en vez de consolidar el control estatal, el ELN es el que se ha consolidado y sacado a sus rivales.”

La falta de seguridad no solo pone en riesgo a los funcionarios encargados de ejecutar el plan, sino también a los campesinos que acepten participar, quienes podrían ser víctimas de represalias por parte de los grupos armados.


2. Erradicar Más de lo Logrado en Años Anteriores

El objetivo de erradicar 25.000 hectáreas en el Catatumbo supera ampliamente las metas alcanzadas en años anteriores a nivel nacional. En 2024, la meta fue de 10.000 hectáreas, mientras que en 2023 se logró erradicar 20.000 hectáreas. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el área sembrada con hoja de coca en Colombia alcanzó las 253.000 hectáreas en 2023.

Petro ha reiterado que no utilizará fumigación con herbicidas, optando exclusivamente por la erradicación voluntaria tras convencer a los cultivadores. Sin embargo, este enfoque depende de la confianza de los campesinos en el gobierno y en los beneficios que recibirán a cambio.

En 2022, Petro propuso un modelo de sustitución gradual que permitía mantener los cultivos de hoja de coca mientras se desarrollaban alternativas legales. Sin embargo, este proyecto no se materializó, dejando al gobierno con el desafío de diseñar un nuevo programa que convenza a los campesinos de abandonar definitivamente los cultivos ilícitos.


3. Evitar la Resiembra

Uno de los mayores retos del plan es evitar que los campesinos vuelvan a sembrar hoja de coca después de erradicar sus cultivos actuales. Según Ana María Rueda, coordinadora del análisis sobre la Política de Drogas de la Fundación Ideas para la Paz, aunque el gobierno pueda cumplir con la meta de erradicación, no está claro si logrará consolidar un proyecto de sustitución efectivo en el tiempo que le queda de mandato (un año y medio).

“Si la meta es erradicar, lo hace. Pero el campesino puede a los cuatro meses volver a cultivar coca si no tiene un programa en el territorio de desarrollo social y de control territorial por parte del Estado,” explicó Rueda.

Para abordar este problema, el gobierno planea ofrecer incentivos adicionales, como la titulación de tierras, créditos accesibles para proyectos productivos y acceso a servicios básicos como educación, salud e infraestructura vial. La titulación de tierras, en particular, podría aumentar la probabilidad de que los campesinos no resiembraran hoja de coca, siempre que cuenten con alternativas económicas viables y un compromiso continuo del Estado.


Compromisos y Desafíos Futuros

El gobierno asegura que la inversión en el Catatumbo incluirá no solo la erradicación de cultivos, sino también mejoras significativas en infraestructura, como carreteras, escuelas y acceso a servicios de salud. Estas iniciativas buscan transformar una región históricamente marginada y reducir su dependencia de la economía ilegal.

Sin embargo, la sostenibilidad del proyecto dependerá en gran medida de la capacidad del Estado para mantener su presencia en el territorio y garantizar que los programas de desarrollo alternativo sean exitosos. Además, será crucial que los próximos gobiernos continúen apoyando estas iniciativas, ya que cualquier retroceso podría llevar a una rápida resiembra de hoja de coca.


Un Esfuerzo Crucial pero Incierto

El plan de erradicación de cultivos ilícitos en el Catatumbo representa uno de los esfuerzos más ambiciosos del gobierno de Gustavo Petro para abordar la crisis del narcotráfico y la violencia en Colombia. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del Estado para garantizar la seguridad, convencer a los campesinos de abandonar los cultivos ilícitos y ofrecer alternativas económicas sostenibles.

Mientras el gobierno intenta avanzar en este frente, los desafíos de seguridad, la resistencia de los grupos armados y la falta de confianza en las instituciones siguen siendo obstáculos significativos. Si bien el plan ofrece una oportunidad para transformar una de las regiones más afectadas del país, su viabilidad a largo plazo dependerá de la coordinación entre el gobierno actual y los futuros administradores, así como del compromiso continuo con las comunidades locales.

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