MADRID, 18 feb.- La Comisión de Vivienda del Congreso ha rechazado este martes una propuesta presentada por Podemos, apoyada por Sumar, ERC y Bildu, que buscaba impulsar “todos los cambios legales y movilizar todos los recursos necesarios” para ilegalizar y desarticular a las empresas de ‘desokupación’. La iniciativa fue bloqueada con los votos en contra del PP y Vox, mientras que el PSOE optó por la abstención, al igual que Junts.
La Propuesta de Podemos: Identificación de “Grupos Paramilitares y Neonazis”
La proposición no de ley fue defendida por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien describió a estas empresas como “comandos paramilitares y neonazis”. Según la formación morada, estas organizaciones llevan a cabo actividades “escuadristas y parapoliciales violentas”, empleando métodos coercitivos y extorsionadores contra personas en situación de vulnerabilidad.
Para Podemos, estas empresas son “auténticos grupos fascistas” que utilizan la violencia y el acoso para expulsar ilegalmente a familias que residen de manera legal en sus viviendas. La propuesta pedía tipificar como delito de odio estas prácticas, así como tomar medidas legales para su desarticulación.
Posturas Políticas Frente a la Propuesta
- PP y Vox: Ambos partidos votaron en contra de la iniciativa, argumentando que las empresas de ‘desokupación’ responden a una demanda social de propietarios que buscan recuperar sus viviendas ocupadas ilegalmente. Para ellos, el problema radica en la falta de actuación efectiva de las autoridades públicas frente a las ocupaciones ilegales, y no en las empresas privadas que ofrecen estos servicios.
- PSOE: El partido gobernante optó por la abstención, evitando posicionarse claramente a favor o en contra. Esta decisión refleja las tensiones internas dentro del PSOE sobre cómo abordar un tema tan sensible como el de las ocupaciones ilegales y las respuestas privadas a este fenómeno.
- Junts: Al igual que el PSOE, Junts también se abstuvo, adoptando una postura intermedia que evita confrontaciones directas.
- Sumar, ERC y Bildu: Estos grupos respaldaron la propuesta de Podemos, coincidiendo en la necesidad de actuar contra lo que consideran una actividad violenta y contraria a los derechos humanos.
Antecedentes y Contexto
Esta no es la primera vez que Podemos plantea esta solicitud. De hecho, una propuesta similar ya fue incluida en una moción consecuencia de una interpelación urgente dirigida a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que será votada esta semana en el Pleno del Congreso.
El debate sobre las empresas de ‘desokupación’ ha ganado relevancia en los últimos años debido al aumento de ocupaciones ilegales en España, un fenómeno que afecta tanto a grandes propietarios como a pequeños inversores y familias. Mientras algunos defienden la actuación de estas empresas como una solución rápida y efectiva, otros las acusan de ejercer una violencia desproporcionada y de operar en un vacío legal.
Críticas a la Respuesta Institucional
Podemos ha criticado duramente la inacción de las instituciones frente a las ocupaciones ilegales y las empresas de ‘desokupación’. Según la formación, la falta de una regulación clara y de mecanismos efectivos para proteger a los ocupantes legales de viviendas ha permitido que florezca un mercado paralelo de empresas que lucran con la violencia y la coacción.
En su intervención, Ione Belarra destacó que estas empresas no solo vulneran los derechos de las personas afectadas, sino que también socavan el Estado de Derecho al asumir funciones que corresponden a las fuerzas de seguridad. “No podemos permitir que grupos organizados con fines de lucro sustituyan a las instituciones democráticas”, afirmó.
Un Debate Sin Resolución Clara
El rechazo de la propuesta deja abierto un debate complejo y polarizado. Por un lado, están quienes ven en las empresas de ‘desokupación’ una respuesta necesaria ante la lentitud de los procedimientos judiciales y administrativos. Por otro, están quienes denuncian que estas organizaciones perpetúan la violencia y profundizan las desigualdades sociales.
Mientras tanto, la falta de consenso político dificulta la implementación de soluciones integrales que aborden tanto las causas de las ocupaciones ilegales (como la falta de vivienda accesible) como las respuestas violentas que han surgido en este contexto.
Un Problema que Requiere Soluciones Urgentes
El rechazo de la propuesta de Podemos evidencia las profundas divisiones políticas sobre cómo abordar el fenómeno de las ocupaciones ilegales y las empresas de ‘desokupación’. Mientras que algunos partidos priorizan la protección de los derechos de los ocupantes legales, otros enfatizan la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de los propietarios.
Lo cierto es que, sin una regulación clara y una estrategia integral que aborde las causas estructurales del problema, el conflicto seguirá escalando, dejando a muchas personas atrapadas entre la burocracia institucional y la violencia privada. Este debate, lejos de cerrarse, parece destinado a continuar en el centro de la agenda política.
