MADRID, 18 feb.- Un juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha decidido archivar provisionalmente la causa que investigaba si las muertes de siete ancianos en dos residencias de mayores de la región constituyeron un homicidio imprudente por parte de los centros. Sin embargo, el magistrado cuestiona duramente los protocolos de no derivación a hospitales implementados durante la pandemia de covid-19, señalando que sus consecuencias “no fueron valoradas bien” por las autoridades políticas.
Sobreseimiento Provisional y Cumplimiento de Protocolos
En un auto al que ha tenido acceso EFE, el juez concluye que los responsables de las residencias Adolfo Suárez y Amavir Arganzuela cumplieron con los protocolos vigentes en aquel momento, que recomendaban evitar el ingreso en hospitales de personas mayores afectadas por covid-19 y con patologías complejas debido a la saturación del sistema sanitario. Según el magistrado, estas directrices consideraban que “el tratamiento más eficaz para este tipo de pacientes sería en la propia residencia”.
Aunque reconoce que muchos centros de mayores carecían de medios adecuados, incluidos médicos y equipos necesarios, el juez señala que este no fue el caso de las dos residencias investigadas, donde se proporcionó atención médica, medicación e incluso oxígeno. Por ello, descarta la comisión de delitos como homicidio o lesiones por imprudencia, omisión del deber de socorro, trato degradante o prevaricación, al no poder establecer una relación causal entre las acciones de los responsables y los fallecimientos.
Cuestionamiento a los Protocolos y Autoridades Políticas
El juez critica abiertamente los protocolos de no derivación hospitalaria, calificando su aplicación como “como poco, muy discutible”. Aunque estos protocolos no excluían de manera absoluta el ingreso en hospitales, dependiendo del criterio de los geriatras de guardia, el magistrado subraya que sus consecuencias no fueron debidamente evaluadas por las autoridades políticas.
Aunque excluye del objeto de la investigación a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, debido a su aforamiento, el juez señala que la decisión de implementar dichos protocolos “pudiera ser discutible y reprobable”. Sin embargo, aclara que la responsabilidad política excede el ámbito de esta causa y debe ser abordada en otros foros.
Rol de las Familias en Decisiones Médicas
El auto también destaca que, en algunos casos investigados, los familiares de los residentes fallecidos inicialmente se negaron a la derivación hospitalaria cuando esta fue recomendada por los profesionales médicos. Este aspecto refuerza la conclusión del juez de que no puede atribuirse exclusivamente a los centros o al personal sanitario la responsabilidad por los desenlaces fatales.
Condiciones en las Residencias Investigadas
El magistrado reconoce que, aunque muchas residencias en España carecían de recursos suficientes durante la pandemia, las dos residencias bajo investigación contaban con atención médica adecuada y suministros esenciales como medicamentos y oxígeno. En este contexto, considera inviable sostener que se cometieran delitos relacionados con la omisión de cuidados o negligencia médica.
Un Debate Ético y Político Pendiente
Aunque el archivo de la causa cierra temporalmente el capítulo judicial, el auto del juez deja abiertas importantes preguntas sobre la gestión de la pandemia en residencias de mayores. Los protocolos de no derivación hospitalaria, diseñados para gestionar la saturación del sistema sanitario, han sido ampliamente criticados por organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas, quienes argumentan que priorizaron la eficiencia sobre la vida de los ancianos.
Este caso refleja un dilema ético y político que marcó la respuesta a la pandemia en España y otros países: cómo equilibrar la protección de los más vulnerables con la capacidad limitada de los sistemas de salud. El juez subraya que, aunque los responsables de las residencias cumplieron con las normativas vigentes, las decisiones políticas detrás de esos protocolos merecen una revisión crítica.
Conclusión: Una Lección para el Futuro
El archivo de la causa no implica que las muertes en las residencias de mayores queden olvidadas. Por el contrario, el cuestionamiento del juez a los protocolos de no derivación y a las autoridades políticas abre un debate necesario sobre cómo mejorar la atención a los ancianos en situaciones de crisis.
La pandemia dejó lecciones duras sobre la importancia de garantizar recursos adecuados en residencias, la transparencia en la toma de decisiones y la necesidad de proteger a los grupos más vulnerables. Aunque el caso judicial llega a su fin, las implicaciones éticas y políticas seguirán resonando en la sociedad española.
