Buenos Aires, 13 feb.- En una sesión maratónica que dividió al arco político argentino, la Cámara de Diputados aprobó anoche un proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Javier Milei que podría impedir la candidatura electoral de quienes tengan una condena penal ratificada en segunda instancia por delitos de corrupción. La medida, conocida como “ficha limpia”, ha sido interpretada como un intento directo de bloquear una eventual postulación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), actual referente de la oposición.
El proyecto recibió 144 votos a favor, 98 en contra y dos abstenciones, tras horas de debate en las que buena parte de los legisladores tomaron la palabra para exponer sus posiciones. Aunque el oficialismo logró consolidar los apoyos necesarios en Diputados, el camino hacia su sanción definitiva se presenta más complicado en el Senado, donde el peronismo cuenta con 34 de los 72 escaños y se requiere una mayoría de 37 votos para aprobar reformas electorales.
Qué Establece la Ley de “Ficha Limpia”
La iniciativa, que ya había sido presentada en noviembre pasado por Propuesta Republicana (Pro), el partido del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), busca prohibir que personas condenadas en segunda instancia por determinados delitos puedan postularse a cargos públicos electivos. Entre los delitos contemplados figuran tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude en perjuicio de la Administración pública.
Según el texto aprobado, la inhabilitación temporal para ser candidato estará vigente hasta que un tribunal superior revoque la condena o hasta que se cumpla la pena impuesta por la Justicia. Esta medida tendría un impacto directo sobre Cristina Fernández, quien fue condenada en noviembre pasado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por irregularidades en la obra pública durante su gestión. Sin embargo, cabe destacar que el fallo aún puede ser apelado ante la Corte Suprema.
Un Debate Marcado por la Polarización Política
El jefe del bloque de Unión por la Patria (peronismo) en la Cámara Baja, Germán Martínez, acusó durante la sesión al oficialismo de utilizar esta ley como un “acto de proscripción política” contra la expresidenta. Según Martínez, la medida no busca fortalecer la transparencia democrática, sino debilitar a la principal figura opositora en un contexto de alta polarización política.
Por su parte, el oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta necesaria para garantizar la ética en la política y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. “Esta ley no es contra nadie, sino a favor de la democracia y la transparencia”, afirmó uno de los legisladores oficialistas durante su intervención.
Una Modificación Clave: El Plazo de 180 Días
Para asegurar su tratamiento en Diputados, el oficialismo introdujo una modificación clave al proyecto original. Mientras que la versión inicial establecía que la condena en segunda instancia debía haber sido dictada antes del año electoral, la nueva cláusula amplía la aplicabilidad de la ley a quienes sean condenados hasta 180 días antes de los comicios. Este cambio estratégico permitiría que la norma afecte incluso a aquellos casos que aún están en proceso judicial pero cuya resolución final ocurra dentro de ese plazo.
El Futuro de la Ley en el Senado
Aunque el proyecto fue aprobado en Diputados, su futuro en el Senado es incierto. El peronismo, que controla casi la mitad de los escaños en la Cámara Alta, ha manifestado su rechazo a la iniciativa y podría bloquear su avance. Para ser sancionada como ley, la propuesta necesita el respaldo de al menos 37 senadores, lo que obligaría al oficialismo a buscar aliados en bloques minoritarios o independientes.
En caso de ser aprobada, la ley podría impedir que Cristina Fernández participe en las elecciones legislativas previstas para octubre próximo, un escenario que profundizaría aún más las tensiones políticas en Argentina.
Impacto Político y Reacciones
La aprobación de la ley de “ficha limpia” ha generado reacciones encontradas tanto dentro como fuera del Congreso. Mientras sectores oficialistas celebraron la medida como un paso hacia la transparencia y la rendición de cuentas, dirigentes opositores denunciaron que se trata de una maniobra para despejar el camino político del gobierno de Milei y limitar la participación de figuras clave de la oposición.
La expresidenta, por su parte, aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la aprobación del proyecto, aunque sus aliados han adelantado que recurrirán a todas las instancias legales disponibles para evitar que la norma sea aplicada en su contra.
Un Contexto de Profunda División
La aprobación de esta ley ocurre en un momento de profunda división política y económica en Argentina, marcado por una creciente desconfianza en las instituciones y un clima de polarización que parece no dar tregua. Mientras el oficialismo busca consolidar su agenda de reformas bajo el lema de “limpieza institucional”, la oposición advierte sobre los riesgos de instrumentalizar la justicia para fines políticos.
El destino final de la ley de “ficha limpia” dependerá ahora del Senado, donde se espera un nuevo capítulo de enfrentamientos y negociaciones. Lo que está claro es que, independientemente del resultado, esta iniciativa seguirá siendo un punto de inflexión en el debate político argentino, con implicaciones que podrían resonar más allá de las próximas elecciones.
