Guayaquil (Ecuador), 4 feb.- En un apartado paraje de la costa ecuatoriana, avanza la construcción de una prisión de máxima seguridad inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador. La obra, impulsada por el presidente Daniel Noboa como parte de su política de “mano dura” contra el crimen organizado, ha generado un fuerte rechazo entre las comunidades locales, mientras el mandatario busca la reelección en los comicios de este domingo.
Bautizada por el Gobierno como la ‘Cárcel del Encuentro’, en referencia al lema de la administración del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023), esta es una de las dos prisiones que Noboa planea edificar para enfrentar la crisis penitenciaria del país, marcada por la violencia extrema dentro de los centros de reclusión, donde entre 2021 y 2024 fueron asesinados más de 500 presos.
Una prisión para desmantelar el poder criminal en las cárceles
“El sistema estaba secuestrado y humillado por organizaciones criminales. Hoy tenemos orden en los centros penitenciarios y estamos haciendo historia. En este centro se pondrá fin a la impunidad y al desorden penitenciario”, afirmó Noboa en junio pasado, al colocar la primera piedra de la obra.
La cárcel, con capacidad para 800 internos, busca aislar a los líderes de las bandas delictivas que, hasta la llegada de Noboa al poder, dominaban las cárceles ecuatorianas con lujos como internet de alta velocidad y televisores.
Ubicada en una zona rural entre Bajada de Chanduy y Juntas del Pacífico, en la provincia costera de Santa Elena, la construcción está a cargo de la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras, subsidiaria del Grupo Puentes de España, en consorcio con la firma estatal china China Road and Bridge Corporation. Su costo asciende a 52 millones de dólares y el Gobierno prometió finalizarla en 300 días.
No obstante, el proyecto se ha visto empañado por incidentes de violencia. El 25 de diciembre, un grupo armado perpetró un ataque en la zona, que el Ejecutivo calificó como “terrorista”, dejando un saldo de un muerto y obligando a paralizar temporalmente las obras.
Resistencia de la comunidad y preocupación ambiental
El proyecto carcelario ha sido fuertemente cuestionado por las comunidades aledañas, que en diciembre recurrieron a la Justicia para intentar frenar su construcción.
Los habitantes reclaman que el terreno de 16,2 hectáreas donde se levanta la prisión pertenece a sus ancestros “desde tiempos inmemoriales”, por lo que exigen que se respete su derecho a la consulta previa, libre e informada, mecanismo aplicable a proyectos en territorios indígenas.
Asimismo, denuncian que la cárcel se edifica en un ecosistema de bosque seco tropical con una rica biodiversidad, incluyendo 75 especies de aves y vegetación endémica. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente aseguró en julio pasado que el área no forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas ni del patrimonio forestal nacional.
Donald Cabrera, representante de Bajada de Chanduy, afirmó a EFE que la comunidad cuenta con documentos que prueban su derecho sobre las tierras. “Este lugar nunca ha sido del Estado, nos pertenece”, sostuvo.
Temor a la inseguridad y lucha legal
Los habitantes también temen que la construcción de la cárcel incremente la inseguridad en la zona. Cabrera denunció que, desde el inicio de las obras, han surgido delitos como la extorsión y el secuestro, además de la llegada de “personas extrañas” interesadas en comprar terrenos.
“Vivimos en un completo temor. Las comunidades, las familias, nuestros hijos… estamos en zozobra, bajo amenaza permanente”, expresó el dirigente.
El representante comunitario advirtió que continuarán con su batalla legal para detener la construcción. “No nos cansaremos de pedir justicia”, enfatizó.
Noboa defiende el proyecto
Pese a las críticas, el presidente Noboa ha reafirmado su compromiso con la prisión de máxima seguridad y aseguró que la primera fase del proyecto estará lista en el tercer trimestre de este año.
“Debemos descongestionar y desarticular donde se concentra el problema, que es en la Penitenciaría del Litoral, donde hay más de 8.000 reclusos”, explicó el mandatario, quien ha buscado apoyo internacional para su plan carcelario en conversaciones con la Unión Europea y Estados Unidos.
