Buenos Aires, 4 febrero 2025 – El expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) compareció este martes ante la Justicia en el marco de la causa en la que se le acusa de violencia machista contra su expareja, Fabiola Yáñez. Fernández negó las acusaciones mediante un extenso escrito de unas 200 páginas que presentó al juez Julián Ercolini. En su declaración, el exmandatario solicitó su sobreseimiento y adelantó que planea denunciar a Yáñez por falso testimonio.
El expresidente estaba citado a las 11:00 horas (14:00 GMT) en los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires, por orden del juez Ercolini y a pedido del fiscal Ramiro González, pero llegó casi una hora antes, acompañado de su abogada, Silvina Carreira. Aunque se negó a responder preguntas del juez y del fiscal, Fernández reiteró en su escrito su postura de que no ejerció violencia física sobre Yáñez. Además, expresó que su decisión de no contestar a las preguntas no obedece a un intento de eludir la verdad, sino a una falta de confianza en la imparcialidad de los encargados del caso.
La defensa de Fernández ha interpuesto varias solicitudes para apartar al juez y al fiscal, argumentando incompetencia y falta de objetividad en su accionar. El exmandatario también mencionó que, si la causa no es desestimada, procederá con una denuncia por falso testimonio contra Yáñez.
El fiscal había señalado que se le imputa al expresidente el haber causado lesiones a su expareja en al menos dos ocasiones, incluyendo daños en su brazo y ojo derechos. La denuncia de Yáñez, quien tiene 43 años, se originó a partir de una investigación por supuesto tráfico de influencias en la que se encontraron en el teléfono de su secretaria conversaciones e imágenes que podrían indicar lesiones leves en un contexto de violencia de género.
En total, la Fiscalía atribuye a Fernández ocho años de “violencia psicológica, física y económica” hacia Yáñez. Las imputaciones incluyen lesiones leves y graves, agravadas por violencia de género, y amenazas coactivas, delitos que podrían acarrear penas de entre tres y 18 años de prisión.
Tras esta audiencia y luego de haber recabado declaraciones de una veintena de testigos, incluidos Yáñez y personal de la residencia presidencial, el juez Ercolini tiene un plazo de diez días para decidir sobre el procesamiento del exmandatario.