Los ayuntamientos españoles enfrentan la aplicación de la nueva tasa de basuras: un tema polémico en plena recta final

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Madrid, 20 enero.- Los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes en España se encuentran en la última fase para cumplir con la Ley 7/2022, que obliga a la implementación de una tasa por la generación de residuos. Esta legislación, que tiene como objetivo reflejar el coste real de la recogida, transporte y tratamiento de los residuos, ha generado importantes controversias y ha sido recibida con reticencia por muchos municipios, especialmente aquellos gobernados por el Partido Popular (PP).

El plazo para cumplir con esta medida concluye en los primeros meses de 2025. La Ley establece que los municipios deben aprobar una tasa que cubra los costos reales de gestión de residuos, una medida que afecta a más de 1.300 municipios en todo el país, donde reside la gran mayoría de la población española. Muchos consistorios, en especial los del PP, han rechazado la obligatoriedad de esta tasa, considerándola una intromisión en la autonomía local.

El caso más destacado de rebeldía es el del municipio de Leganés, en Madrid, cuyo alcalde, Miguel Ángel Recuenco, ha afirmado que no aplicará la tasa: “Ni vamos a aplicar la tasa de basuras ni vamos a subir ningún otro impuesto”, señaló. A su juicio, la directiva europea que respalda esta ley no impone explícitamente una tasa a los ciudadanos, y considera que se trata de un “afán recaudatorio” del gobierno de Pedro Sánchez.

Sin embargo, muchos ayuntamientos gobernados por el PP, como los de Madrid y Valencia, han adoptado medidas para aplicar la tasa, aunque con bonificaciones y ajustes para mitigar el impacto económico en los ciudadanos. En Madrid, la implementación de la tasa costará 256 millones de euros, pero el gobierno municipal ha compensado parcialmente este coste con una rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y bonificaciones del 100% para familias beneficiarias de ayudas sociales como el Ingreso Mínimo Vital.

En otras ciudades como Tres Cantos, se han adoptado rebajas del 20% para familias numerosas o quienes utilicen sistemas de compostaje, y en Valladolid, se han ofrecido bonificaciones para quienes participen en programas de compostaje domiciliario.

Por su parte, los gobiernos municipales socialistas han acogido la ley con una postura más abierta, aplicando criterios de progresividad fiscal. En ciudades como Vitoria, el gobierno local ha acordado un sistema que aplicará una rebaja para viviendas de menos de 90 metros cuadrados y un incremento para las que superen los 120 metros cuadrados. En Cuenca y Alcorcón, también gobernados por el PSOE, se han garantizado medidas de exención para las familias más vulnerables o aquellas atendidas por los servicios sociales.

Mientras tanto, en otros municipios, como Girona o Bermeo, se han establecido sistemas diferenciados de tarifas, en algunos casos vinculados a la participación en programas de reciclaje o gestión de residuos voluminosos.

Esta situación refleja la disparidad en la implementación de la tasa de basuras a lo largo del país, con un panorama donde los intereses políticos y las diferencias entre gobiernos locales marcan la pauta en cuanto a cómo se aplicará esta medida.

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