WASHINGTON, 15 ENERO.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado en su segundo mandato ambiciosos objetivos de política exterior, entre los cuales destaca la idea de derrocar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Para lograrlo, el presidente propone usar una combinación de diplomacia coercitiva y, si fuera necesario, fuerza militar. Esta propuesta surge en un contexto de grave crisis humanitaria en Venezuela, exacerbada por la dictadura de Maduro, y ante la falta de avances en las políticas anteriores que intentaron sacar al régimen del poder.

Maduro asumió recientemente su tercer mandato, el cual fue duramente criticado por la comunidad internacional debido a las irregularidades y acusaciones de fraude. En este escenario, la situación en Venezuela sigue siendo desoladora: millones de venezolanos han huido del país, mientras que aquellos que permanecen enfrentan condiciones extremas de pobreza, desnutrición y violencia. El régimen, además, ha mantenido una relación estrecha con actores internacionales como Irán, lo que complica aún más la seguridad en la región.

Las medidas tomadas hasta ahora, como las sanciones económicas, han demostrado ser ineficaces. Trump, durante su primer mandato, intentó aplicar sanciones punitivas que no lograron derrocar al régimen, mientras que la administración de Biden relajó algunas de estas sanciones con la esperanza de un cambio de comportamiento que nunca llegó. Ante estos fracasos, el enfoque del nuevo presidente es claro: una combinación de incentivos y amenazas creíbles puede ser la clave para acabar con la dictadura de Maduro.

La propuesta de Trump incluiría ofrecer a Maduro y a sus principales colaboradores un exilio seguro, con garantías de amnistía para aquellos que acepten el cambio de gobierno y juren lealtad a un nuevo líder legítimo. Sin embargo, la amenaza de una intervención militar también está sobre la mesa como medida para asegurar que el régimen se derrumbe. Esto recuerda a las intervenciones anteriores de Estados Unidos, como la de Panamá en 1990, que derrocó al dictador Manuel Noriega y dejó un país democrático a su paso.

Aunque la opción militar siempre implica riesgos, especialmente en un país con un ejército debilitado y profundamente impopular, la intervención podría verse como una medida necesaria si se considera el interés nacional de Estados Unidos en la seguridad hemisférica, la lucha contra el narcotráfico y la creciente influencia de Irán en la región.

Desde un punto de vista moral, el derrocamiento del régimen de Maduro parece justificado: el régimen ha robado elecciones, ha sometido a su pueblo a una brutal represión y ha mostrado total desdén por los derechos humanos. Los venezolanos llevan años sufriendo bajo esta dictadura, y la comunidad internacional ha agotado todas las alternativas pacíficas. La intervención militar, aunque no deseable, podría ser la última opción viable para poner fin a la crisis.

En resumen, el objetivo de poner fin al régimen de Maduro no solo es necesario por razones de seguridad y estabilidad regional, sino también moralmente imperativo, dado el sufrimiento que continúa infligiendo a su pueblo.

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