Lima, 4 Ene.- El presidente del Congreso peruano, Eduardo Salhuana, anunció este viernes que reducirá su viaje a China tras las denuncias sobre una presunta red de prostitución operando dentro del recinto legislativo. El caso ha desatado investigaciones en el Parlamento y en la Fiscalía, generando críticas a su liderazgo y demandas de una reorganización interna.
La denuncia señala que Jorge Torres, exjefe de la oficina legal del Congreso y vinculado al partido Alianza para el Progreso (APP), habría utilizado su posición para contratar jóvenes en puestos administrativos a cambio de favores sexuales. APP, aliado del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, enfrenta mayor escrutinio por su posible involucramiento.
Investigaciones en marcha y cambios administrativos
Mientras Salhuana defendía el carácter diplomático de su viaje programado del 3 al 10 de enero, la Fiscalía y la policía realizaban intervenciones en oficinas del Congreso para buscar pruebas. Paralelamente, la Comisión de Fiscalización también inició indagaciones, con su presidente, Juan Burgos, sugiriendo que la red podría haber influido en votaciones legislativas mediante servicios sexuales.
Salhuana aseguró que su viaje a China, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), fue un compromiso institucional. Sin embargo, tras las críticas, anunció que acortará su agenda, limitándose a una reunión con la Asamblea Popular Nacional de China y regresará “en el más breve plazo”.
Impacto político y posibles consecuencias
El caso ha provocado tensiones políticas, con varias bancadas impulsando la censura de Salhuana. Su decisión de viajar, pese a la crisis, ha intensificado los cuestionamientos a su gestión. En respuesta, el presidente del Congreso prometió acelerar las indagaciones administrativas y reforzar la reorganización interna.
Por su parte, la presidenta Dina Boluarte aún no se ha pronunciado sobre el escándalo, pero la estabilidad del Legislativo enfrenta un serio desafío en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
Este caso, que pone en entredicho la integridad del Congreso peruano, podría tener repercusiones tanto en la imagen de la actual administración como en el futuro político de Salhuana.
