BOGOTÁ, 20 Dic.- “Tenemos que terminar de una vez y para siempre con seis décadas de violencia y conflicto armado”, proclamó Gustavo Petro al asumir la presidencia en agosto de 2022. Sin embargo, más de dos años después, la “paz total”, eje de su administración, enfrenta obstáculos significativos y el panorama para alcanzar acuerdos con los múltiples grupos armados parece cada vez más complejo.
Una esperanza inicial que se diluye
Tras un periodo de mano dura militar bajo el mandato de Iván Duque, que debilitó la implementación del acuerdo con las FARC, la llegada de Petro despertó ilusión entre las comunidades afectadas por la violencia. Las promesas de diálogos rápidos con grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC generaron expectativas de cambio.
No obstante, el escenario actual presenta un mosaico fragmentado de actores armados: el ELN aumentó de 2.800 a 5.000 integrantes durante el gobierno de Duque, el Clan del Golfo pasó de 2.500 a 6.500 miembros, y las disidencias de las FARC también se diversificaron, alcanzando los 2.800 combatientes.
Conflicto mutado
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), señala que los grupos han perdido su esencia insurgente y no buscan derrocar al Estado. Su interés radica en el control territorial para administrar economías ilegales y cobrar extorsiones.
El Gobierno asumió que sentar a los grupos en la mesa de negociaciones reduciría la violencia, pero la realidad es que para muchos actores armados, la violencia es el medio para sostener su poder y recursos.
Negociaciones truncadas y nuevos enfoques
El diálogo con el ELN, retomado por Petro tras ser suspendido en la administración Duque, prometía un fin definitivo a la guerra para mayo de 2025. Sin embargo, las negociaciones están actualmente en pausa, con un futuro incierto.
Por otro lado, los intentos de diálogo con las disidencias de las FARC también se han fragmentado, y los líderes más relevantes, como ‘Iván Mordisco’ y ‘Iván Márquez’, ya no participan en las mesas. El gobierno ha optado por acuerdos con facciones menores y más territoriales, lo que limita el alcance de las negociaciones.
Obstáculos estructurales
Gran parte del problema radica en la incapacidad histórica del Estado para llegar a las regiones más afectadas. Actualmente, los acuerdos se centran en proyectos básicos como puentes, acueductos o escuelas, necesidades que debieron atenderse hace décadas sin mediar conflictos armados.
Bonilla advierte que el desarrollo local no debe depender de acuerdos con grupos armados, sino convertirse en una política de Estado a largo plazo, desvinculada de los ciclos políticos.
El legado en riesgo
Petro, quien prometió ser recordado como el presidente de la vida y la paz, enfrenta el riesgo de que su gobierno no logre consolidar avances significativos en materia de pacificación. Para avanzar, expertos proponen flexibilizar los marcos legales para negociaciones más prácticas y fortalecer mecanismos de paz orientados a la sociedad civil.
Colombia, tras décadas de conflicto, necesita una estrategia integral y sostenida que priorice el desarrollo rural y el bienestar de sus ciudadanos, independientemente de los acuerdos con grupos armados.
