LIMA, 19 Dic.- La decisión del gobierno peruano de jubilar al coronel Harvey Colchado, conocido por su destacada trayectoria en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, ha generado fuertes críticas y especulaciones sobre posibles represalias políticas por parte de la presidenta Dina Boluarte. Esta medida, que afecta también a otros 319 oficiales, promete convertirse en un desafío legal e incluso político para el Ejecutivo.
1. Una trayectoria intachable y de alto impacto
Colchado, un veterano de las divisiones antiterroristas, fue clave en investigaciones emblemáticas como el caso Lava Jato y la red de corrupción judicial “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Además, participó en operativos contra expresidentes como Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, siendo este último detenido tras su fallido autogolpe en diciembre de 2022.
Su rol al frente de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) lo convirtió en una figura respetada, aunque también polémica, por su actuación en casos que involucraban a figuras políticas de diferentes ideologías.
2. El ‘Rolexgate’ y su destitución temporal
En marzo de este año, Colchado lideró el allanamiento de la casa de la presidenta Boluarte como parte de la investigación del ‘Rolexgate’, un caso de presunta corrupción relacionado con joyas de lujo no declaradas. Este hecho le valió una suspensión temporal bajo acusaciones de irregularidades operativas, aunque fue restituido en noviembre tras apelar la sanción.
Durante su suspensión, se le asignaron tareas de patrullaje, lo que desató preocupaciones por su seguridad, dada su exposición al enfrentar a organizaciones criminales.
3. Audios comprometedores y presuntas represalias
La polémica se avivó en mayo, cuando se filtraron audios del ministro del Interior, Juan José Santivañez, en los que supuestamente prometía a Boluarte la salida de Colchado. Aunque el ministro negó su autenticidad, los hechos recientes han reforzado las sospechas de una vendetta política.
Colchado ha enfrentado críticas tanto de la izquierda como de la derecha en diferentes momentos, dependiendo de a quiénes alcanzaban sus investigaciones. Sin embargo, su labor le ha ganado un respaldo considerable entre ciertos sectores de la población, al punto de que una encuesta de Ipsos en junio reveló que el 23 % de los encuestados apoyaría su postulación a un cargo público.
4. Pase al retiro y reacción legal
El pase al retiro de Colchado fue anunciado oficialmente el lunes mediante una resolución que argumenta la falta de asignación adecuada debido a su antigüedad y perfil profesional. No obstante, su abogado, Miguel Pérez, calificó la medida como una “venganza orquestada” y afirmó que apelarán no solo a nivel nacional, sino también en tribunales internacionales.
En un comunicado, Colchado aseguró: “Sabíamos a lo que nos enfrentamos. Los buenos policías con valores no agachamos la cabeza ante el poder político corrupto”.
5. Implicaciones políticas y legales para Boluarte
El caso Colchado no solo amenaza con escalar a nivel internacional, sino que también podría tener consecuencias políticas internas. Las acusaciones de represalias refuerzan las críticas al gobierno de Boluarte, ya debilitado por otras controversias.
La figura de Colchado, asociada con valores anticorrupción, podría convertirse en un símbolo de oposición y potencial candidato político, complicando aún más el panorama para la mandataria.
La controversia en torno al retiro del coronel reabre el debate sobre la independencia de las instituciones policiales frente al poder político en Perú, en un momento de alta sensibilidad para el país.
