Miami, 18 dic.- Un gran jurado de Estados Unidos ha acusado al excongresista republicano de Florida, David Rivera, de conspirar para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) y de lavar fondos ilícitos para encubrir actividades destinadas a beneficiar al empresario venezolano prófugo Raúl Gorrín. Así lo informó este miércoles la Fiscalía del distrito sur de Florida.
Entre junio de 2019 y abril de 2020, Rivera presuntamente llevó a cabo un plan de consultoría y cabildeo para Gorrín, propietario del canal venezolano Globovisión, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en enero de 2019 y enfrenta múltiples cargos criminales en el país.
Según la acusación, Rivera recibió más de 5,5 millones de dólares por sus esfuerzos, que incluyeron presionar a funcionarios del gobierno estadounidense para que Gorrín fuera eliminado de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (Lista SDN), una lista que impone restricciones financieras a personas y entidades vinculadas a actividades ilícitas.
Empresas fantasma y lavado de dinero
Para ocultar sus actividades, Rivera habría creado empresas fantasma fraudulentas usando nombres asociados con un bufete de abogados y un funcionario gubernamental, quienes no estaban al tanto de su implicación en estos negocios ilícitos, según detalla la Fiscalía.
El dinero recibido por Rivera también habría sido utilizado para pagar a colaboradores que lo ayudaron en sus esfuerzos de cabildeo. Los pagos fueron canalizados a través de estas empresas fantasma, lo que refuerza la acusación de lavado de fondos.
El vínculo con PDVSA y otros casos de corrupción
Raúl Gorrín, de 56 años, enfrenta cargos relacionados con un esquema de lavado de dinero que involucra fondos corruptos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). En octubre pasado, fue acusado de desviar 1,2 millones de dólares obtenidos ilícitamente mediante el pago de sobornos a funcionarios venezolanos.
Además, Gorrín había sido acusado previamente, en 2017, de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y de cometer lavado de dinero en múltiples ocasiones.
La trama revela una red de corrupción y tráfico de influencias que conecta a altos funcionarios y empresarios venezolanos con operadores estadounidenses, y subraya el alcance del sistema de sanciones y leyes anticorrupción en Estados Unidos para combatir este tipo de delitos.
