Caracas, 10 dic.- Un grupo de adultos mayores venezolanos salió a las calles este martes para manifestarse tras cumplirse 1.000 días sin un aumento de las pensiones ni del salario mínimo, ambos establecidos en 130 bolívares, el equivalente a apenas 2,66 dólares. Los manifestantes exigieron a la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) un pronunciamiento definitivo que permita incrementar los ingresos de este sector vulnerable.
Rafael Arreaza Padilla, expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), lideró la protesta, señalando que esta era la quinta vez que se dirigían a la Fiscalía en busca de soluciones. «Un trabajador que ha dedicado toda su vida útil no puede estar recibiendo una pensión de menos de 3 dólares; con eso no se vive en ninguna parte», enfatizó Arreaza.
Condiciones precarias e incertidumbre financiera
Aunque las personas mayores reciben bonos adicionales que oscilan entre 40 y 130 dólares al mes, estos pagos son insuficientes para cubrir el alto costo de los alimentos y las medicinas en Venezuela, un país golpeado por una crisis económica prolongada.
Con pancartas en mano, los manifestantes denunciaron que los jubilados no pueden costear sus necesidades básicas. Además, exigieron explicaciones sobre el destino del dinero recaudado mediante un gravamen a empresas privadas aprobado en mayo pasado, supuestamente destinado a financiar un fondo para aumentar las pensiones. Hasta ahora, no se han reportado avances en su implementación.
«¿Dónde está el dinero recaudado de este impuesto? Para la fecha, se calcula que hay unos 10.000 millones de dólares descontados, pero ni un solo dólar ha llegado a los pensionados», denunció un manifestante.
Disputas sobre las causas de la crisis
El Gobierno venezolano atribuye los bajos niveles salariales y de pensiones a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, la oposición y diversas organizaciones rechazan este argumento, señalando que la verdadera causa es la corrupción y la mala gestión financiera.
La falta de acción por parte del Ejecutivo agrava las perspectivas de los pensionados, quienes temen pasar «las peores navidades» con ingresos que consideran una «sentencia de muerte».
«No podemos seguir así. Exigimos respuestas y acciones concretas. Las autoridades deben actuar para garantizar una vida digna a quienes han trabajado toda su vida por este país», concluyó Arreaza.
