Ciudad de México, 10 dic.- El diputado federal Benito Aguas Atlahua, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue asesinado en un ataque armado en el municipio de Zongolica, Veracruz, confirmó este martes la Fiscalía General del Estado (FGE). El político, quien previamente fue alcalde de esta localidad, falleció tras permanecer varias horas en estado delicado debido a las heridas de bala.
Detalles del ataque
El ataque ocurrió el lunes en Zongolica, un municipio montañoso donde Aguas Atlahua gozaba de reconocimiento político por su gestión pasada como alcalde. En el lugar también murió un ingeniero identificado como Agustín Linares López.
La Fiscalía informó que se encuentra recabando pruebas en la escena del crimen para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Hasta el momento, no se han identificado sospechosos ni establecido el móvil del asesinato.
Reacciones políticas
El PVEM expresó su consternación por el asesinato a través de un comunicado:
“Lamentamos profundamente el fallecimiento del diputado Benito Aguas Atlahua, víctima de un ataque cobarde que nos llena de indignación y tristeza. Exigimos justicia y que los responsables sean castigados.”
El asesinato ha generado indignación en la esfera política, destacando el incremento en los casos de violencia contra figuras públicas y representantes políticos en México.
Incremento de la violencia política en 2024
Este crimen se produce en un contexto de creciente violencia política en el país. Según un reciente informe de Data Cívica, 2024 se ha convertido en el año con más casos documentados de violencia político-criminal, acumulando 617 incidentes hasta noviembre, una cifra que ya supera los 570 registrados durante todo 2023.
El informe ‘Votar entre balas’ detalla que la violencia contra políticos no cesó tras las elecciones intermedias del pasado 2 de junio, las cuales fueron catalogadas como las más violentas de la historia moderna del país, con más de 30 candidatos asesinados.
Implicaciones para el proceso democrático
La violencia política se mantiene como una amenaza significativa para la democracia en México, especialmente en regiones como Veracruz, donde los índices de criminalidad organizada suelen estar entre los más altos del país. Este caso subraya la urgente necesidad de medidas de protección más eficaces para los actores políticos y de una estrategia más contundente contra los grupos responsables de esta ola de violencia.
La sociedad civil y actores políticos han exigido mayor seguridad y garantías para el ejercicio democrático en México, ante un panorama cada vez más alarmante.
