Bogotá, 24 nov. – El presidente Gustavo Petro confirmó haber solicitado al mandatario estadounidense Joe Biden que otorgue un indulto a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, excomandante del Bloque Caribe de las extintas FARC, quien lleva más de 15 años en una prisión de Estados Unidos tras ser condenado por delitos relacionados con el secuestro de tres ciudadanos norteamericanos.
La petición, gestionada por el embajador colombiano Daniel García-Peña, fue enviada en una carta dirigida al subsecretario de Estado, Brian Nichols, y busca que Trinidad sea reconocido como gestor de paz en los actuales diálogos con las disidencias, incluidas la Segunda Marquetalia y el EMC. En la comunicación, también se solicitó permiso para realizar una visita al exjefe guerrillero en prisión, con el propósito de avanzar en su eventual vinculación al proceso de paz.
Contexto y polémica
Trinidad fue condenado a 60 años de prisión por su implicación en el secuestro de tres contratistas estadounidenses liberados en 2008 durante la Operación Jaque. Considerado por el juez Royce Lamberth como responsable de un acto de terrorismo “deleznable”, su caso sigue siendo símbolo de las tensiones históricas entre Colombia y Estados Unidos en torno a la justicia y la reconciliación.
Petro argumenta que el indulto podría contribuir al éxito de su política de “paz total”, clave para estabilizar la región y fortalecer la democracia. Sin embargo, esta solicitud ha generado controversia en Colombia, donde figuras como la senadora María Fernanda Cabal critican duramente la medida, acusando al Gobierno de buscar proteger a exguerrilleros involucrados en graves crímenes.
Cabal expresó: “¿Qué tanto sabe el terrorista Trinidad que lo quieren aquí? Todo el secretariado de las FARC debería estar en EE. UU. pagando por narcotráfico y asesinatos”, dejando clara su postura frente a la gestión del presidente Petro.
Impacto en el panorama político
El anuncio llega en un momento crítico para los esfuerzos de paz del Gobierno, pero también expone una profunda división en la opinión pública. Mientras unos ven la medida como un paso hacia la reconciliación, otros consideran que prioriza intereses políticos sobre la justicia y los derechos de las víctimas.
El debate continúa mientras el Gobierno espera la respuesta de Estados Unidos sobre una solicitud que podría marcar un antes y un después en las relaciones bilaterales y en el camino hacia la paz en Colombia.
