Madrid, 24 nov. – El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno procederá esta semana a tomar declaración en calidad de investigados a cinco personas involucradas en el ‘caso Koldo’, una trama de blanqueo de capitales y corrupción vinculada a pagos ilegales a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Las declaraciones, que se llevarán a cabo entre el lunes y el martes, son parte de una serie de interrogatorios solicitados por el fiscal del caso, Luis Pastor.
Los encausados son Ignacio Díaz Tapia, Luis Alberto Escolano Marín, César Moreno García, Javier Serrano Costumero y María Piedad Losada Romo, quien fue secretaria de De Aldama, el presunto “conseguidor” de la trama. Estos cinco individuos, inicialmente detenidos por la Guardia Civil, están acusados de estar implicados en un delito de blanqueo de capitales y de tener vínculos con Víctor de Aldama, el principal investigado.
El fiscal señala en su informe que a Díaz Tapia, Escolano Marín, Serrano Costumero y Losada Romo también se les podría imputar el delito de cohecho, por su posible participación en pagos a funcionarios públicos o en connivencia con ellos. La Guardia Civil, por su parte, ha identificado varias pruebas que refuerzan la conexión de los investigados con la trama, incluida una conversación en un grupo de WhatsApp denominado “los cuatro mosqueteros”, en el que se discutían pagos y movimientos relacionados con Koldo García.
Uno de los puntos clave de la investigación es un pago de 10.000 euros en efectivo, del que la Guardia Civil encontró referencias en los mensajes y documentos de los implicados. Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), De Aldama y su grupo habrían abonado esta cantidad a Koldo García, lo que habría sido registrado en una de las agendas del exasesor como “Metálico 10.000”.
El ‘caso Koldo’ ha puesto en el foco a altos cargos del PSOE, tras los testimonios de De Aldama, quien también implicó al exministro José Luis Ábalos. La investigación sugiere que esta red de pagos ilegales podría estar relacionada con la obtención de contratos públicos, como los relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia.
El interrogatorio de los cinco investigados tiene lugar después de la declaración voluntaria de De Aldama ante el juez el jueves pasado, donde ratificó haber pagado comisiones a Koldo García y mencionó la participación de otros altos funcionarios. Esta declaración fue clave para que el Tribunal Supremo abriera una causa contra Ábalos, lo que profundiza aún más las implicaciones políticas de esta investigación.
